Se denomina cártel a una organización ilícita o a un conjunto de organizaciones que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios (plazas) para llevar a cabo sus actividades; esta designación es usada en Latinoamérica, en el resto del mundo les llaman mafias.
La historia de la impunidad policiaca en Tlaxcala se manifiesta hasta nuestros días de varias formas, las más frecuentes son aquellas en que durante el uso del poder han lesionado la dignidad de la ciudadanía por el excesivo uso de sus derechos de actuación respecto al imperio al que sirven: la Presidencia Municipal.
La impunidad se ejerce desde los actos más elementales de los uniformados al tener contacto hasta indirecto con los ciudadanos: los mensajes no verbales, las actitudes, la apatía, pasando por el uso excesivo de la fuerza durante los eventos al no actuar conforme a los protocolos, el atacar, reprimir, intimidar a las personas ante el simple hecho de grabarles con sus teléfonos, soslayando las garantías individuales con actitudes tan irracionales como el ignorar que cada ente posee actualmente un móvil; es querer apagar el sol a pedradas.
Lo que sí queda expuesto es que tenemos un sistema de justicia fallido, especialmente en los municipios cuyos alcaldes/ caciques fomentan con su prepotencia los tiempos de gran incertidumbre que se vive en el estado: el actuar de estos elementos policiacos no refleja más que una extensión de la personalidad desaseada de sus alcaldes, ya que desde enero de 2015 se legisló en varios estados del país que manejar una unidad SIN PLACAS es un delito que se castiga con sanción de 3 meses a un año de prisión, y multa de 50 a 100 días de salario mínimo y si quien usa el vehículo sin placas es elemento de alguna corporación y se le sorprende cometiendo abuso o delito la sanción será de 4 a 12 años de prisión, la destitución del cargo e inhabilitación.
Señores Alcaldes de sensible y delicada piel que acostumbran lucir en todo su esplendor narcisista ante la prensa, donde no pocos se empeñan en competir en beatitud y honestidad con San Juan Pablo II (de feliz memoria), omitir los pagos de emplacamiento es un delito, refleja malversación de recursos, impunidad, abuso de autoridad y mal ejemplo hacia sus representados; entendemos que debido a la pandemia ya se adelantó el “año de Hidalgo”, pero no violen las leyes que están obligados a ejercer para exigir su cumplimiento pues es evidente que no se tienen tampoco controles y medidas administrativas que eviten el abuso por parte de las autoridades responsables y las corporaciones que sí portan sus placas encubren a los infractores. Pregunta: ¿Es esto justicia?
