Javier Rivera tendría que analizar nuevamente la designación de los funcionarios antes de que inicien los escándalos por las transas que podrían cometerse a costillas de los habitantes y de quienes arriban a esa ciudad.
Los millones de pesos que se recaudan por el funcionamiento de los parquímetros en la ciudad de Apizaco serán administrados por Baldomero Galaviz Leal, quien es originario de Puebla y está acusado de supuesto fraude.
Al parecer la Cuarta Transformación será una farsa en la ciudad rielera porque la gran mayoría de los funcionarios descienden de las filas de Acción Nacional y del PRI; menos de Morena.
El presidente electo está cometiendo errores que pondrían en crisis la administración que está por iniciar, sobre todo porque Galaviz Leal fue acusado en el pasado de fraude en la empresa de transporte ATAH. Según informes, socios de la empresa lo señalaron por haber sustraído más de 20 acciones y por haberlos defraudado con los pagos de las pólizas de seguros, en complicidad con su familia. Por estos actos, se presentó la denuncia correspondiente, aunque los detalles sobre el progreso del caso son limitados.
Cabe mencionar que la instalación de los parquímetros provocó la molestia de los ciudadanos por enfilarse a un método de extorción y robo a los automovilistas. Hay quienes dicen que el personal está organizado para aplicar el mayor número de multas porque hay una “lanita” de por medio.
Javier Rivera tendría que analizar nuevamente la designación de los funcionarios antes de que inicien los escándalos por las transas que podrían cometerse a costillas de los habitantes y de quienes arriban a esa ciudad.
No es la primera vez que el nombre de Galaviz Leal aparece ligado a la política y la controversia. Su padre, Pedro Galaviz, fungió como presidente municipal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, bajo las siglas del PRI, durante el trienio 1996-1999. Ahora, su hijo asume un rol clave en Apizaco, aunque su nombramiento ya ha empezado a generar críticas entre los ciudadanos y los políticos locales que cuestionan la idoneidad de una persona con un historial tan controvertido para ocupar un cargo de responsabilidad en la administración pública.
