El titular del ineficaz Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Miguel Ángel Sánchez Ramírez, se perfila como el candidato favorito para ocupar la magistratura que dejará vacante Fernando Bernal Salazar en el Tribunal del Poder Judicial del Estado, a partir de octubre.
Se anticipa que hoy la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, enviará la terna al Congreso del Estado, donde se incluirá el nombre de este ex director jurídico de la SEGOB. Los otros dos nombres aún se desconocen, pero todo indica que este funcionario, que ha demostrado ser improductivo y lambiscón, se le presenta una oportunidad dorada para recibir un jugoso salario y vivir como un poderoso.
Sánchez Ramírez ha estado al frente de un instituto que ha sido objeto de críticas por su ineficacia y falta de transparencia. Su gestión ha estado marcada por la falta de resultados tangibles en la recuperación de bienes robados, lo que ha generado desconfianza y escepticismo entre la ciudadanía. Además, su estilo de trabajo ha convertido los restaurantes en una extensión de su oficina del Gobierno del Estado, evidenciando un uso inadecuado de recursos públicos y una falta de profesionalismo que resulta alarmante.
A pesar de su trayectoria, su nombramiento en un cargo tan importante como la magistratura plantea serias dudas sobre su capacidad para desempeñar funciones judiciales, dado su historial de servilismo y falta de criterio. Cabe mencionar que Bernal Salazar ha enviado recientemente una carta de agradecimiento al Congreso del Estado de Tlaxcala, en la que anunció que no buscará su ratificación para el cargo, por segunda ocasión. Su nombramiento finalizará el 23 de octubre, después de haber ocupado el puesto en dos períodos, y ha dejado claro que no presentará ningún amparo para ser electo nuevamente como magistrado.
La posibilidad de que un funcionario como Sánchez Ramírez asuma un papel tan crucial en el sistema judicial despierta inquietudes sobre la integridad y la independencia del poder judicial en Tlaxcala. Su falta de compromiso y eficiencia como servidor público, junto con su tendencia a buscar el favor de los poderosos, podrían tener consecuencias negativas para la justicia en la región.
