Ante el comunicado difundido por Karina Erazo Rodríguez, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, en el que se deslinda de una acción judicial vinculada a su entorno familiar, es pertinente hacer algunas precisiones en defensa del ejercicio periodístico y del derecho a la información.
En primer lugar, es importante aclarar que los medios de comunicación no son actores dolosos ni generadores de imputaciones infundadas. Su labor consiste en documentar hechos de interés público, como lo es una acción judicial relacionada con una persona cercana a una figura pública con cargo de representación sindical.
La mención de que el hecho ocurrió en un inmueble vinculado a su entorno familiar no fue una invención de la prensa, sino una información confirmada por fuentes oficiales. Si la propia dirigente reconoce el vínculo familiar, es contradictorio sugerir que informar al respecto representa una campaña de desprestigio. Muy por el contrario, se trata de ejercer el derecho a la información, siempre en apego a la veracidad y al respeto del debido proceso.
Tampoco puede atribuirse a los medios la responsabilidad de que un familiar, en este caso su hermano Adrián Daniel N., esté relacionado como presunto responsable de delitos como el de narcomenudeo. Es labor de las autoridades investigar, y del periodismo, dar cuenta de ello.
En una sociedad democrática, el derecho a la presunción de inocencia convive con el derecho de la ciudadanía a estar informada. El cuestionamiento legítimo a figuras públicas y el escrutinio de su entorno inmediato forman parte de la salud pública institucional, especialmente cuando esas figuras ejercen cargos de representación.
Ya es común que funcionarios, políticos y dirigentes sindicales quieran acusar a la prensa por informar hechos públicos, aun cuando ellos mismos confirman la relación con posibles delincuentes.
