En Apizaco, Tlaxcala, al parecer estamos estrenando código penal. La Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte nos acaba de regalar una joya del lenguaje oficial: lo que la ciudadanía, la ley y el sentido común llaman corrupción, cohecho o extorsión, ellos prefieren llamarlo con ternura burocrática: presunto acto de soborno.
Todo comenzó cuando en redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a oficiales de vialidad cobrando “mordidas”, perdón, recibiendo sobornos, a empleados de una empresa de lácteos. Pero en vez de hablar de un delito, el Ayuntamiento nos ofrece un espectáculo de eufemismos y promesas huecas.
El comunicado oficial asegura que “se han tomado medidas inmediatas”, lo que en el mejor de los casos se traduce en una investigación interna (¿de la propia policía sobre sí misma?), dirigida por el mismísimo Capitán Corbeta I.M.P. José Ramón Jacques Mena, quien, dicho sea de paso, reiteró su compromiso con la legalidad. No sabemos si lo dijo en tono serio o también estaba siendo sarcástico.
En un acto digno del teatro institucional, el gobierno municipal asegura que “este tipo de conductas no serán toleradas bajo ninguna circunstancia”, mientras suaviza la gravedad de los hechos con una palabra que ni siquiera figura en el Código Penal: soborno. No es solo un tecnicismo. Es una estrategia para minimizar actos de corrupción, extorsión o cohecho , disfrazándola de una aparente irregularidad administrativa.
Y por si fuera poco, nos recuerdan que existen Buzones Ciudadanos, como si una hoja de papel doblada dentro de una caja metálica pudiera sustituir la función del Ministerio Público o la acción penal real.
Pero aquí no se trata solo de un problema constante. Se trata de que la Policía Municipal de Apizaco intenta maquillar la corrupción, extorsión o cohecho, encubriéndola con lenguaje tibio, y apelar a una ciudadanía cada vez más cansada del cinismo institucional.
