Impunes quedarían encubrimiento de Directora y Trabajadora Social de Secundaria a jóvenes agresores y mala atención de la extinta PGJE
A casi un año, en la impunidad quedaría la agresión sexual de la que fue víctima una estudiante de Secundaria, el presunto encubrimiento de un hecho delictivo por parte de la Directora y Trabajadora Social del plantel educativo ubicado en Chiautempan municipio del estado de Tlaxcala, la mala atención que recibieron la menor y su tutora al presentar formal denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo de Ernestina Carro Roldán y la posible inacción del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado y Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET) que encabeza Homero Meneses Hernández.
Información en poder de este medio revela, que el 11 de Junio del año 2024 la señora madre y tutora de una estudiante de identidad reservada, en atención a un citatorio acudió a la Escuela Secundaria General número 35 “Román Saldaña Oropeza” ubicada en el 130 de la calle San Pedro Martír de la comunidad de Santa Cruz Guadalupe en el municipio sarapero; donde en el Área de Trabajo Social se entrevistó con la titular Silvia Rojas García y la Directora del plantel Ángela Ibarra Pérez, quienes al tiempo de mostrar una imagen en un celular le indican a manera de sugerencia “se tranquilice y no le pegue a su hija, ya que hizo algo grave”.
En su narrativa de hechos la denunciante señala:
“Alcanzo a ver a mi menor hija incada frente a otra persona del sexo masculino con pants verde uniforme de la escuela con el miembro de fuera, entonces la trabajadora social en tono de burla me dijo que mi hija en esa foto no se veía estuviera haciendo el acto muy obligada, a lo que pedí me enviara la foto y el video, obteniendo como respuesta que no me lo iba a dar”.
Acto seguido la Directora Ángela indicó a la tutora de la víctima, que los papás de los niños involucrados estaban allí mismo, siendo tres mujeres y tres adolescentes del sexo masculino identificados plenamente en presencia de un Supervisor de la USET y una supuesta abogada, quienes sin tomar en cuenta a la recién llegada y mucho menos escuchar su opinión; afanosamente atendían la instrucción de la Directora en el sentido de escribir en hojas blancas con puño y letra lo ocurrido con la joven.
Al término de la peculiar reunión, donde la afectada y su hija no contaron con la presencia de un asesor legal y posterior al retiro de los integrantes de una de las partes, Ángela Ibarra la Directora indicó a la madre de la agraviada esperar unos 15 días ya que estaba por concluir el ciclo escolar, para recoger los documentos y sacar a la menor de esa escuela e inscribirla en otra; ya que a su parecer la única perjudicada por el probable caso de abuso sexual era su hija, consideración que obviamente inconformó a la señora misma que al llegar a su domicilio y mediante una platica con la adolescente fue enterada de primera mano de lo ocurrido.
De acuerdo a lo dicho por la joven a su mamá, el 5 de Junio del 2024 aproximadamente a las 11:30 horas durante el módulo de educación física y al no llegar la maestra a impartir clase, la estudiante de secundaria permaneció en el salón de clases sentada en su butaca, donde fue abordada por varios compañeros, quienes a jalones y de forma insistente la obligaron a salir a jugar fútbol con ellos, trasladándola prácticamente ‘arrastras’ a las áreas verdes que están atrás del salón de Tecnología; donde queda de rodillas tras ser empujada y de inmediato es rodeada por al menos 8 estudiantes del sexo masculino.
Entonces aprovechando la superiodad numérica dos de los allí presentes sacarían sus miembros viriles, que acercaron al rostro de la joven obligandola a practicarles sexo oral, no conformes con ello paralelamente a que la chica vomitaba y lloraba otro de sus compañeros le exigió entregar una cantidad de dinero a cada uno, si quería evitar fuera compartido el video que acababa de grabar con el celular, a lo que entre llanto la estudiante respondió que no tenía dinero para pagar; por lo que al no haber respuesta positiva a la exigencia de los perpetradores, el material gráfico fue compartido en los grupos de las redes sociales de la escuela.
Pero la situación no queda allí ya que en la plática con su madre, la joven la enteró de que Ángela Ibarra Pérez y Silvia Rojas Díaz, las entonces Directora y Trabajadora Social respectivamente de la Secundaria “Román Saldaña Oropeza”, aprovechando la ausencia de tutor y sin asistencia de personal especializado, obligaron a la estudiante violentada a escribir y signar un documento en presencia de los agresores, sus padres y el Supervisor; por lo que el 12 de Junio de la misma anualidad la madre en compañía de su hija deciden acudir a la Mesa Especializada en Justicia para Adolescentes ubicada en el municipio de Apizaco, para presentar formal de denuncia por el delito de violación en agravio de su menor hija.
Tras radicar la denuncia, madre e hija fueron canalizadas con Fernando Munive un Defensor de Oficio quien inicialmente las asesoró y dijo iban a seguir el procedimiento, empero, con pretexto de que era un “caso grave” y de manejo delicado les recomendó acudir a la calle 37 en la colonia Loma Xicohténcatl de la capital para entrevistar con otro abogado, lo que ocurrió el 13 de Junio cuando el Defensor público y otro licenciado dijeron costaba 10 mil pesos el acompañamiento jurídico para hablar con Ibarra Pérez la Directora, a lo que la afectada contestó lo pensaría ya que no contaba con la cantidad de dinero requerida.
Pese a todo y con la apremiante de que el ciclo escolar estaba por concluir, las dos mujeres insistieron en buscar justicia en la oficina dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde fueron atendidas de manera adecuada por José Cruz Hernández, sin embargo, por causas desconocidas y sin una explicación lógica nuevamente les cambian de abogado; ya para el 17 de Junio teniendo entonces la representación legal de una mujer, comienzan una vez más las trabas, ya que la licenciada Fabiola Rosete en todo momento les negó el acceso a su Carpeta de Investigación.
Así las cosas, por enésima ocasión el 20 de Junio la denunciante atendió en las instalaciones de la Secundaria un nuevo citatorio, para realizar reunión con otros padres de familia y sus hijos donde hubo un careo con estudiantes, quienes aclararon no haber participado pero si confirmaron haber recibido y visto el video de la agresión en contra de su compañera donde forzadamente les práctica sexo oral a sus compañeros, en la denuncia por encubrimiento en contra de la Directora y la Trabajadora Social, la parte actora señala que hubo varias reuniones más con los menores responsables y sus padres; en las que deliberadamente se pretendió hacer y firmar nuevas declaraciones, lo que al no acceder provocó que hubiera amenazas en contra de las afectadas.
Para el mes de Julio, la situación escaló al grado que hubo intervención de personal del Departamento Jurídico de SEPE-USET, quienes tomaron conocimiento del caso y paralelo a la acción judicial iniciaron una investigación de hechos, sobretodo por el cuestionable actuar y proceder presuntamente encubridor de la Directora, la Trabajadora Social y el Supervisor; que para posiblemente evitar el escándalo y “enfriar” la situación habrían sido removidas del cargo que ostentaban en la institución educativa ubicada en Chiautempan, situación que en suma a lo ocurrido con el expediente que se presume habría sido archivado para intentar mantenerlo oculto, dando paso a un tema de flagrante impunidad.
