Por Alberto Amaro
El asesinato del periodista y fotógrafo comunitario Salomón “Shalom” Ordóñez Miranda, perpetrado la noche del lunes 23 de junio en Pahpatapan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, no es un hecho aislado: es otro golpe más a la libertad de prensa en un país que sigue siendo el más letal del mundo para ejercer el periodismo fuera de un contexto formal de guerra.
Ordóñez Miranda, fundador del medio digital Shalom Cuetzalan Producciones, dedicó su vida a documentar la realidad de su comunidad, con una labor enfocada en temas de seguridad, cultura y organización social. El comunicador fue atacado con arma de fuego y falleció mientras esperaba atención médica. Hasta el momento, no hay detenidos, no hay avances públicos, y lo más alarmante: no hay garantías de no repetición.
Propuesta Cívica, organización que acompaña a periodistas en riesgo, condenó el crimen y exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y a la Fiscalía de Puebla agotar todas las líneas de investigación, incluyendo su trabajo informativo. Pero, como suele ocurrir, la impunidad se abre paso. El Estado mexicano llega tarde o simplemente no llega.
Este asesinato se suma a una larga lista de crímenes que demuestran que ejercer el periodismo en México es una sentencia de muerte. Desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos seis periodistas han sido asesinados. Según Artículo 19, ya suman 172 los comunicadores asesinados en posible relación con su labor desde el año 2000 a la fecha.
Los números hablan por sí solos: 48 periodistas asesinados bajo el gobierno de Felipe Calderón, 47 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y otros 47 bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos más deben morir para que el Estado entienda que no se trata sólo de proteger a periodistas tras ser amenazados, sino de prevenir que esas amenazas se materialicen en asesinatos?
El actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se ha mostrado rebasado, carente de recursos y, lo más grave, carente de voluntad política. No basta con poner botones de pánico ni chalecos antibalas cuando ya se encendió la alarma. El verdadero reto está en impedir que esos botones deban ser presionados.
Urge una política pública efectiva de prevención de agresiones contra periodistas. Urgen protocolos con enfoque territorial que entiendan los riesgos particulares del periodismo local y comunitario. Urgen medidas estructurales que combatan la colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, la principal amenaza para quienes informan desde las regiones más olvidadas del país.
Según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupa el lugar 124 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, cayendo tres posiciones respecto al año pasado. No hay guerra declarada, pero sí hay una guerra no oficial contra la verdad. Contra quienes la documentan. Contra quienes, como Salomón Ordóñez, creyeron que una cámara y una pluma bastaban para visibilizar lo invisible.
Hoy, desde Cuetzalan, se grita lo mismo que desde tantas otras comunidades donde el silencio se impone a punta de bala: el periodismo no se mata matando periodistas. Pero esa consigna necesita dejar de ser un grito desesperado para convertirse en un compromiso real del Estado mexicano.
Porque la libertad de expresión no es una concesión: es un derecho. Y defenderla es responsabilidad de todos, pero principalmente de quienes juraron protegerla.
Justicia para Shalom. Justicia para todos los periodistas asesinados. Prevención, no sólo reacción.
