Desde su llegada al gobierno municipal, Elías Nava Sánchez ha sido señalado por regidores, autoridades comunitarias y vecinos por conductas reprobables: corrupción sistemática, abuso de autoridad y encubrimiento de agresores.
El disgusto ciudadano se centra en el uso discrecional de fondos públicos, otorgamiento de obras sin transparencia a allegados y la impunidad para servidores que violentan a sus compañeros. El caso de la tesorera agredida por un funcionario, quien aún permanece en su cargo sin sanción alguna, resalta la tolerancia hacia la violencia institucionalizada.
Pero la acusación más grave recae en el presunto despojo del predio conocido como “La Candelaria” propiedad de la familia Lima Vázquez desde 1944, que, según denuncias, fue ocupado por el Ayuntamiento sin orden judicial y mediante el uso de fuerza pública. Se señala directamente al secretario municipal, Misael Pedraza, como pieza clave en este operativo, acción que podría cristalizar demandas legales contra Nava Sánchez.
La reacción social ha sido contundente. Habitantes lo califican de prepotente y arbitrario, y advierten que, en caso de que el Congreso y el gobierno estatal no actúen con firmeza, se organizarán bloqueos y protestas. Su exigencia es clara: iniciar un juicio político contra el alcalde y, si no hay respuesta, que “o se va, o el pueblo toma el control”.
La situación obliga no solo al Legislativo y al Ejecutivo del estado a asumir su responsabilidad, sino también a la sociedad tlaxcalteca a estar atenta. No se trata únicamente de un conflicto local más, sino del desafío fundamental entre el interés público y un poder municipal que actúa por encima de la ley.
Si prevalece la impunidad, el mensaje será devastador: gobernar con autoritarismo y abuso de recursos no tiene consecuencias. La población exige, con justicia, un alto a la corrupción municipal. Y si las autoridades no responden, la protesta popular no tardará en marcar el rumbo.
