Por: El Resortes
A la presidenta municipal Ana Lucía Arce Luna parece haber olvidado sus promesas de honestidad y transparencia. Lejos de ser un gobierno de transformación, su administración se perfila como una de las más cuestionadas en el estado, tras revelarse que incurrió en un posible daño patrimonial de $4,668,108.53 en cuatro meses de gestión, que contempla del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2024.
El informe emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del Estado es claro y contundente: 5.35% del gasto devengado en ese cuatrimestre está bajo sospecha de irregularidades, desvíos y pagos injustificados, lo que representa un golpe directo a las finanzas municipales y, peor aún, a la confianza de los ciudadanos.
Un gobierno que repite viejos vicios
Lejos de combatir la corrupción, la administración de Ana Lucía Arce Luna la ha perfeccionado con un sello de simulación, oscurantismo y manipulación de recursospúblicos.
Entre las anomalías más graves se encuentran:
- Sobreprecio en bienes y obras por más de $2 millones de pesos, sin justificación técnica ni financiera.
- Volúmenes de obra no ejecutados, pero cobrados, por $90,550.34.
- Pagos sin acreditar recepción de servicios, por $388,241.82.
- Gastos improcedentes y pagos excesivos, sin contratos, sin evidencia, sin control, por $257,518.16
Lo más alarmante es que muchas obras ni siquiera pudieron ser fiscalizadas por falta total de documentación, como si la opacidad fuera parte estructural del gobierno local. Peor aún, más de 20 contratos fueron adjudicados sin licitación, contraviniendo toda normatividad en materia de adquisiciones.
La mentira como escudo
Ana Lucía Arce Luna llegó al cargo prometiendo una nueva forma de gobernar, con perspectiva de género, justicia social y fin a los “moches” de siempre. Sin embargo, los hechos documentados por el OFS revelan lo contrario: un gobierno que vive bajo la mentira, se refugia en la opacidad y traiciona los principios más elementales de la función pública.
Pese a las irregularidades documentadas, su equipo no ha emitido explicación alguna. Ni una rueda de prensa, ni una ficha informativa, ni una aclaración pública. Silencio absoluto. Y el silencio, en política, también es una forma de corrupción.
¿Y la rendición de cuentas?
De los $7 millones observados por el OFS, apenas $2.3 millones han sido solventados. Es decir, más de $4.6 millones siguen sin aclararse, y el municipio ha demostrado una capacidad nula de respuesta: solo 3.15% de las observaciones fueron solventadas oportunamente.
Lo anterior pinta un panorama desolador: San Pablo del Monte está en manos de una administración incapaz, improvisada y carente de ética pública, donde los recursos se disuelven entre contratos opacos, obras fantasmas y pagos que nadie puede justificar.
La ciudadanía exige justicia
Hoy más que nunca, los habitantes de San Pablo del Monte deben levantar la voz. No se trata de colores ni de partidos. Se trata de dignidad, legalidad y transparencia. ¿Dónde está el dinero del pueblo? ¿Quién responde por el saqueo disfrazado de administración? ¿Por qué la presidenta se esconde tras comunicados tibios y promesas huecas?
El Congreso del Estado tiene la última palabra: aprobar o rechazar la cuenta pública. Pero la sociedad ya ha dictado sentencia: Ana Lucía Arce Luna le ha fallado a San Pablo del Monte.
