De manera sorpresiva, la tarde del viernes 27 de junio, un fuerte dispositivo de seguridad se activó en pleno corazón del municipio de Apizaco, luego de que se reportara la presencia de personas armadas al interior de un bar ubicado en la calle Emilio Carranza, entre las avenidas Hidalgo y Juárez, en la colonia centro.
Fue alrededor de las 15:30 horas cuando elementos de los tres órdenes de gobierno policías municipales, estatales y personal de la Secretaría de Marina atendieron con prontitud la llamada al servicio de Emergencias 911, que alertaba sobre individuos presuntamente armados consumiendo bebidas alcohólicas.
La movilización no pasó desapercibida para vecinos y comerciantes del nuevo “Barrio Mágico” de Apizaco, quienes observaron cómo las patrullas bloqueaban la circulación en la zona, generando expectación y cierta tensión entre los presentes.
Sin embargo, al llegar al sitio, los primeros respondientes entrevistaron a los supuestos sospechosos, quienes de inmediato se identificaron como policías de investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), institución encabezada por la fiscal Ernestina Carro Roldán.
Los agentes ministeriales aseguraron que el armamento de uso exclusivo que portaban no se encontraba con ellos dentro del bar, sino en un vehículo Volkswagen Jetta blanco con placas oficiales con terminación “XTF” estacionado frente al establecimiento. Una revisión ocular habría confirmado dicha versión, por lo que se descartó la comisión de algún delito flagrante.
Pese al cerco informativo oficial, trascendió que los servidores públicos se encontraban presuntamente “haciendo home office con una chela”, en aparente horario laboral, lo que inevitablemente plantea cuestionamientos sobre el uso del tiempo y los recursos públicos.
Lo que sí quedó en evidencia, y no es menor, es que los elementos ministeriales portaban armas a su cargo, lo que confirma que se encontraban en funciones, ya que según protocolos institucionales, cuando un agente se encuentra en descanso, debe entregar su equipo balístico a la armería de la corporación.
Tras la revisión y entrevistas, y al aplicarse el dicho conocido en el argot policiaco “perro no come perro” , las corporaciones decidieron disolver el operativo y retirarse del lugar sin realizar detenciones ni aseguramientos.
La tranquilidad volvió gradualmente a esa zona céntrica del municipio rielero, aunque la percepción ciudadana sobre el actuar discrecional de algunos cuerpos de seguridad vuelve a estar en el centro del debate público.
Este hecho reaviva la exigencia de mayor transparencia en las actuaciones de los cuerpos policiacos y ministeriales, particularmente cuando se trata de funcionarios armados en espacios de consumo de alcohol. Mientras tanto, los ciudadanos se preguntan: ¿quién vigila a los que se supone que nos cuidan? ¿Quién investiga los delitos denunciados en la Fiscalía?
