Más de 128 000 personas desaparecidas en México, un incremento del 26 % en 2025… y en Tlaxcala, quien debería liderar la búsqueda enfrenta acusaciones que lo ponen del lado opuesto a la justicia.
Sergio Hernández Córdova, encargado del despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) en Tlaxcala, enfrenta un historial de señalamientos que va desde presunto abuso de poder y corrupción, hasta el abandono absoluto de las familias que buscan a sus desaparecidos.
Un video que circula desde 2018 lo muestra utilizando un vehículo oficial para transportar material de construcción a una vivienda presuntamente vinculada con personas cercanas a él. Aquella escena, lejos de quedar como un episodio aislado, fue apenas el inicio de una cadena de acusaciones mucho más graves.
Colectivos y familiares de víctimas lo acusan de haber vendido información de geolocalización de personas desaparecidas y de sus familiares, datos extremadamente sensibles que deberían estar bajo máxima reserva. También señalan que mantiene a un “aviador” en la nómina: su familiar Alberto Oviedo Córdova, quien cobraría sin trabajar y que arrastra denuncias por fraude y estafa utilizando el nombre de la Comisión.
A ello se suman señalamientos por un presunto desfalco millonario en equipo de búsqueda, drones y herramientas tecnológicas que habrían desaparecido sin que existan informes de su destino, así como acusaciones de acoso laboral, testimonios directos de abandono de funciones y hasta procesos legales por incumplimiento de pensión alimenticia.
La gravedad del caso se magnifica si se considera el contexto nacional: México vive una crisis sin precedentes con más de 128 000 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el informe Desaparecer otra vez de Amnistía Internacional. El documento advierte que el Estado ha dejado solas a las familias y colectivos que buscan, quienes además enfrentan violencia generalizada: 97 % de las mujeres buscadoras encuestadas han sufrido agresiones, desde amenazas (45 %) y extorsiones (39 %), hasta desplazamientos forzados (27 %), tortura (10 %), violencia sexual, desapariciones y asesinatos.
En los primeros cuatro meses de 2025, el país registró un incremento del 26 % en desapariciones respecto al mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un promedio de 42 personas desaparecidas al día. En medio de esta emergencia, Tlaxcala tiene al frente de su Comisión de Búsqueda a un funcionario sobre el que pesan múltiples denuncias sin que, hasta el momento, se haya visto acción contundente por parte del Congreso local ni de las autoridades competentes.
Mientras las familias exigen resultados y transparencia, la impunidad avanza y las desapariciones siguen aumentando. Cada día sin respuestas es un día más en que las víctimas y sus seres queridos son, como dice el informe de Amnistía Internacional, “desaparecidos otra vez”.
