Por: Alberto Jordan
Daniela Muñoz Muñoz salió de su casa en Apizaco el 13 de septiembre de 2020. Tenía 23 años, era maestra, y aquel día asistiría a una fiesta con su pareja, Álvaro Daniel “N”. Fue la última vez que su familia la vio con vida.
Cinco años después, Daniela sigue desaparecida. Hay un hombre condenado a más de medio siglo de prisión, pero su paradero continúa siendo un misterio. Para sus padres, Rosa María y Jorge Muñoz, la justicia sigue incompleta: no basta con una sentencia si no hay verdad.
Una desaparición y una denuncia ignorada
La familia denunció la desaparición el 14 de septiembre de 2020 ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala. Lo que debería haber sido una reacción inmediata terminó convertido en el primer obstáculo:
“Nos dijeron que tal vez se había ido por su voluntad, que esperáramos”, recuerda su madre.
El sospechoso, Álvaro Daniel “N”, fue detenido semanas después. Era la última persona que estuvo con Daniela. En abril de 2024 fue sentenciado a 56 años y tres meses de cárcel por desaparición cometida por particulares.
Sin embargo, el juicio no aportó lo más importante: saber qué le pasó a Daniela y dónde está.
Autoridades entre acciones y omisiones
La extinta PGJE y después la Fiscalía General del Estado emprendieron operativos de búsqueda en Apizaco, Huamantla y Xaloztoc, con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército. Se catearon domicilios vinculados al acusado y en 2023 se ofreció una recompensa de 300 mil pesos a quien aportara información veraz sobre la joven.
Pero para los padres, estas acciones llegaron tarde y fueron insuficientes.
“La Procuraduría de aquel entonces fue omisa, no trabajó con seriedad. Perdimos tiempo valioso en los primeros días, cuando todavía podíamos haber encontrado a mi hija”, denuncia Rosa María.
El propio Jorge Muñoz recuerda que les pidieron no hacer protestas públicas porque “entorpecerían la investigación”. “Querían silencio, pero el silencio nunca ayuda cuando se trata de encontrar a los desaparecidos”, señala.
El proceso judicial: condena sin verdad
El proceso judicial estuvo lleno de retrasos: audiencias suspendidas, amparos interpuestos por la defensa, la negativa del acusado a declarar. Finalmente, la sentencia llegó, pero para la familia fue un alivio incompleto.
“Sí, hay un culpable en la cárcel, pero eso no me devuelve a mi hija. No sabemos dónde está ni qué pasó con ella. El castigo no responde a la verdad”, afirma el padre.
El caso de Daniela evidencia un patrón recurrente: los procesos se concentran en demostrar culpabilidad penal, pero no garantizan lo esencial para las familias: la localización de la persona desaparecida.
El rostro humano de la ausencia
Daniela no es solo un expediente ni una estadística. Era hija, hermana y maestra. Tenía proyectos personales y profesionales. “Quería seguir estudiando, soñaba con un futuro mejor”, recuerda su madre.
Para sus padres, cada aniversario de su desaparición es una herida que no cierra. Han organizado marchas, vigilias y exigencias públicas. Cada vez que alzan la voz repiten lo mismo: “una condena no es suficiente; queremos saber dónde está Daniela.”
Un símbolo de impunidad en Tlaxcala
El caso de Daniela se ha convertido en símbolo de la deuda que tiene Tlaxcala con las víctimas de desaparición. A pesar de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda y de esfuerzos anunciados, la realidad es que no hay resultados tangibles.
El expediente de Daniela muestra cómo las instituciones muchas veces se enfocan en cerrar procesos judiciales pero no en responder a las familias. Los operativos, cateos y recompensas siguen sin aportar pruebas contundentes.
El espejo nacional: “Desaparecer otra vez”
Lo ocurrido con Daniela se refleja en un panorama más amplio. En su informe “Desaparecer en México: cada búsqueda cuenta”, conocido también como parte de la campaña “Desaparecer otra vez”, Amnistía Internacional documentó que las autoridades mexicanas suelen demorar las primeras acciones de búsqueda, minimizar las denuncias y revictimizar a las familias.
El organismo señala que esas omisiones son una forma de desaparición secundaria: al no actuar de inmediato, el Estado “desaparece otra vez” a las personas ausentes, alargando el sufrimiento y reduciendo las posibilidades de encontrarlas con vida.
La historia de Daniela encaja en ese diagnóstico: una denuncia ignorada, acciones tardías y un proceso judicial que no resolvió la pregunta fundamental: ¿dónde está?
Cinco años después: preguntas sin respuesta
Hoy, a cinco años de la desaparición, la familia de Daniela mantiene viva la exigencia:
- ¿Dónde está Daniela?
- ¿Por qué la PGJE actuó con negligencia en los primeros días?
- ¿Qué saben las autoridades que aún no se ha dicho?
Rosa María y Jorge insisten en que no perderán la esperanza. Para ellos, Daniela sigue viva en la memoria, en la exigencia y en cada protesta que realizan.
“Queremos a nuestra hija de vuelta. No vamos a descansar hasta encontrarla”, dicen con voz firme, aunque el dolor sea evidente.
Una deuda con la verdad
La condena contra Álvaro Daniel “N” puede considerarse un triunfo judicial, pero no representa justicia plena. Para la familia, y para muchas otras en Tlaxcala y en México, la verdadera justicia pasa por la verdad y la localización.
A cinco años de su desaparición, el caso de Daniela Muñoz Muñoz sigue siendo una herida abierta en Tlaxcala. Una herida que duele en una familia, pero que también expone el fracaso de las instituciones para garantizar lo más básico: el derecho a la verdad.
