La Secretaría de Cultura bajo presión: denuncian abusos y prepotencia de la titular Karen Álvarez Villeda
Trabajadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tlaxcala denunciaron que están siendo obligados a comprar boletos de la Lotería Nacional y rifas promovidas por la dependencia, sin importar los bajos salarios que perciben ni la difícil situación económica que enfrentan.
De acuerdo con capturas de pantalla en poder de este medio, la titular de la dependencia, Karen Álvarez Villeda, ordenó en un grupo de WhatsApp institucional la compra de boletos de 200 pesos cada uno, presumiendo que ella adquiriría 15, mientras que los directores serían forzados a comprar 10, jefes de departamento 6 y jefes de sección 3.
La instrucción provocó inconformidad entre los trabajadores, quienes señalaron que la orden llegó en plena quincena, justo cuando muchas familias deben destinar sus recursos a gastos escolares. “No alcanza para cubrir nuestras necesidades y todavía nos obligan a gastar en boletos que no queremos”, expresó uno de los afectados.
Una práctica recurrente y desgastante
Los inconformes también recordaron que recientemente fueron obligados a comprar boletos de rifas organizadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo que consideran un patrón de abuso y presión institucional.
Incluso, según testimonios, la secretaria Álvarez Villeda justificó la medida asegurando que la orden venía directamente del despacho de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que elevó la preocupación de los trabajadores al no poder rechazar la instrucción sin temor a represalias.
Indignación por prepotencia
Además de las presiones económicas, los empleados acusaron a Álvarez Villeda de mostrarse con actitudes prepotentes, faltar constantemente a su horario laboral y llegar tarde a eventos oficiales de la gobernadora, lo que interpretan como una burla hacia quienes sí cumplen con su jornada.
Piden la intervención de la gobernadora
Los trabajadores, en condición de anonimato por miedo a represalias, exigieron la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar para frenar lo que consideran un abuso laboral y una práctica injusta que merma aún más sus limitados ingresos.
“Queremos llevar el dinero completo a nuestras familias. No pedimos favores, solo respeto a nuestro trabajo y a nuestro sueldo”, señalaron.
