Por: Antonio Hernández
Lo que comenzó como una protesta legítima por parte de campesinos en defensa del campo mexicano, terminó convirtiéndose en un claro acto de intimidación política. El Secretario de Impulso Agropecuario del Gobierno del Estado, Rafael de la Peña, cumplió sus amenazas: al menos cinco campesinos fueron citados por la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tlaxcala, el lunes 3 de noviembre a las nueve de la mañana.
Los citatorios surgen como consecuencia de las movilizaciones campesinas que incluyeron cierres de carreteras y vías férreas en todo el país, en exigencia de apoyos reales y justos para el campo, uno que sigue siendo olvidado por las autoridades mientras la pobreza rural aumenta.
Sin embargo, lo que más preocupa no es la protesta, sino la respuesta del poder. De acuerdo con testimonios de los propios manifestantes, Rafael de la Peña habría amenazado personalmente, vía telefónica, a varios campesinos.
“Si no vas a liberar la carretera vas a tener problemas muy graves”,
les advirtió el funcionario estatal, dejando claro que el diálogo nunca fue su intención.
A la par, el Secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, llegó al sitio en una camioneta blindada para supuestamente “dialogar” con los manifestantes. Lo que en realidad ocurrió fue que personal de la SEGOB aprovechó el momento para fotografiar los rostros de quienes participaron en la protesta, una práctica más propia de regímenes autoritarios que de un gobierno democrático.
El resultado no tardó en verse: campesinos criminalizados, citados e intimidados por ejercer su derecho a la manifestación. La FGR actuó con una rapidez inusual —una prontitud que contrasta con su lentitud para investigar los verdaderos delitos de corrupción o violencia que afectan al estado.
Ante este panorama, campesinos y defensores de derechos humanos han convocado a una rueda de prensa este lunes 3 de noviembre a las afueras de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, donde exigirán el cese a la persecución política y el respeto a los derechos fundamentales.
El mensaje del poder es claro: protestar tiene un costo. Pero el campo tlaxcalteca, cansado de promesas vacías y funcionarios arrogantes, parece dispuesto a no retroceder.
Porque cuando el gobierno usa la justicia como arma, el silencio ya no es opción.
