Por Alberto Jordan
Tlaxcala vuelve a colocarse en el centro del debate ético sobre los derechos de las mujeres. El diputado local Héctor Israel Ortiz Ortiz ha anunciado su intención de regular la gestación subrogada en la entidad, una práctica que, bajo el disfraz de altruismo, abre las puertas a la mercantilización del cuerpo femenino y a la venta de bebés.
Diversas organizaciones feministas, como Stop Vientres de Alquiler y la Asociación María Telo, han advertido que la llamada “gestación subrogada” constituye una forma de violencia reproductiva y de trata de seres humanos, donde las mujeres más vulnerables son utilizadas como fábricas biológicas al servicio del deseo y el dinero de otros.
La Guía didáctica para el abordaje de la violencia reproductiva en el aula, proyecto impulsado por dichas organizaciones, señala que esta práctica “viola la dignidad humana, cosifica el cuerpo femenino y convierte a los bebés en mercancías”, recordando que el Parlamento Europeo y el Tribunal Supremo de España la han calificado como una violación de derechos humanos.
Mientras el diputado Ortiz Ortiz presenta su iniciativa como un “avance en derechos reproductivos”, la realidad que se esconde detrás es otra: la explotación de mujeres empobrecidas, sometidas a contratos coercitivos que las obligan a entregar a sus hijos tras el parto. Según la guía, incluso la modalidad llamada “altruista” mantiene intercambios económicos disfrazados, beneficiando a clínicas y agencias que hacen de la fertilidad un negocio multimillonario.
El Comité de Bioética de España ha sido contundente al respecto: los vientres de alquiler son un “atentado a la dignidad humana”. No existe libre consentimiento cuando detrás hay necesidad económica, desigualdad estructural y presión social.
Regular la gestación subrogada en Tlaxcala, una entidad marcada históricamente por la trata de personas, significaría abrir un nuevo capítulo de explotación bajo una apariencia legal. En lugar de proteger a las mujeres, esta medida profundizaría su vulnerabilidad y legitimaría un mercado global que lucra con su capacidad reproductiva.
La pregunta ética es ineludible: ¿puede considerarse progreso una ley que convierte el útero de una mujer en un contrato y a un recién nacido en un producto entregable?
En tiempos en que las democracias se definen por su respeto a la dignidad humana, la propuesta del diputado Ortiz Ortiz coloca a Tlaxcala en el lado equivocado de la historia.
