En Argentina, desde marzo de 2025, se aplica una medida que prohíbe el ingreso a eventos deportivos y espectáculos masivos con más de 5.000 personas los hombres que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La intención es presionar a los padres a cumplir con la pensión alimenticia destinada a sus hijos. Sin embargo, esta decisión no está exenta de críticas, principalmente por el criterio del número de asistentes que define en qué eventos aplica la restricción.
La fijación del umbral en 5.000 personas parece arbitraria y deja fuera eventos culturales y deportivos de menor escala, que también reúnen grandes cantidades de público y representan espacios sociales importantes donde la irresponsabilidad parental debería ser sancionada. Limitar la medida a estos grandes eventos puede reducir su eficacia y la visibilidad del problema en la sociedad. Aun con estas limitaciones, la medida pone en la conversación pública una problemática muchas veces oculta y cuestiona directamente a los hombres que desatienden su responsabilidad económica hacia los hijos.
En México, la problemática es igualmente grave. Más del 70 % de las madres solteras no recibe la pensión alimentaria que sus hijos merecen. Las denuncias por incumplimiento alimentario crecieron más del 50% en los últimos años, y la ciudad de México ha implementado un Registro de Deudores Alimentarios Morosos con publicación pública para visibilizar y sancionar esta conducta. En América Latina, México está entre los países con mayor tasa de impago de pensiones alimenticias por parte de los hombres, con tres de cada cuatro hijos de padres separados sin recibir la pensión correspondiente. Este dato no solo revela una deuda económica, sino una deuda social profunda que obliga a repensar y fortalecer las políticas, la justicia y la presión social para que se respeten los derechos de la infancia. Otros países de la región, como Chile y Colombia, enfrentan problemas similares con altos índices de morosidad, aunque algunos han implementado leyes más estrictas y sanciones como el uso de registros públicos o medidas penales, que buscan aumentar el cumplimiento.
Aunque la elección argentina de aplicar una barrera numérica para eventos puede considerarse imperfecta o cuestionable, el valor real de la medida está en haber llevado la discusión a la calle y en el espacio público. El debate social generado interpela de manera directa a los hombres que no cumplen con su obligación de proveer a sus hijos, más allá de las condiciones específicas de la sanción. Al final, el objetivo debe ser proteger el derecho superior de los niños y niñas a una vida digna con el sustento necesario, y para ello urge un compromiso firme, una visibilización clara y la aplicación efectiva de sanciones.
Porque detrás de cada deuda alimentaria hay una infancia que sufre, y es momento de que la sociedad y los hombres que fallan en esta responsabilidad lo entiendan como una deuda moral imposible de evadir.
