Por Alberto Jordan
Mientras el dirigente estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez, acusa al gobierno federal de “persecución política” por la detención de jóvenes de la llamada Generación Z durante recientes protestas en la Ciudad de México, queda en evidencia la falta de memoria, y de principios, de un partido que en Tlaxcala protagonizó uno de los episodios más violentos contra cuerpos de seguridad estatales en la última década.
Padilla elevó el tono al advertir que el manejo gubernamental de la protesta social “está escalando hacia una peligrosa dinámica de persecución política”. Afirmó que la administración federal muestra incapacidad para dialogar y opta por el uso de la fuerza. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con un antecedente que los priístas prefieren borrar: cuando Tlaxcala era gobernada por el priísta Mariano González Zarur, la represión alcanzó niveles inéditos contra policías estatales que protestaban pacíficamente.
La noche que el PRI llamó a la Policía Federal para reprimir a policías tlaxcaltecas
El 24 de junio de 2011, 88 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fueron detenidos en un operativo nocturno encabezado por más de 300 elementos de la entonces Policía Federal. Su “delito”: exigir aumento salarial, mejores prestaciones y el derecho a organizarse.
Los uniformados, que mantenían un plantón en el centro de Tlaxcala y dormían en bancas o dentro de sus vehículos, fueron sorprendidos alrededor de la 1:30 de la madrugada. En varios casos, policías federales rompieron cristales de automóviles para sacar a los agentes, esposarlos y trasladarlos a la Procuraduría General de Justicia del Estado. La plaza quedó llena de cobijas rotas, casas de campaña destruidas y objetos personales dispersos.
El gobierno priísta justificó el operativo alegando “coalición de funcionarios”, un delito menor, contra los líderes del movimiento, a quienes también acusó de robo calificado. Pese a ello, las autoridades admitieron que no se trataba de delitos graves.
La entonces procuradora Alicia Fragoso Sánchez calificó la acción como “un trabajo quirúrgico”, asegurando que no hubo lesionados. Sin embargo, testimonios que circularon en aquel tiempo denunciaron golpizas, detenciones arbitrarias, desapariciones temporales e incluso abusos sexuales contra mujeres policías a manos de elementos federales. Estos hechos, aunque silenciados institucionalmente, permanecen en la memoria de quienes vivieron la represión en carne propia.
El PRI hipócrita y doble cara, ahora si levantan la voz.
Resulta paradójico que quienes hoy levantan la voz en defensa de la protesta social hayan guardado silencio cuando un gobierno emanado de su propio partido ordenó un operativo para amordazar a servidores públicos que ejercían el mismo derecho que ahora reivindican.
Mientras Padilla advierte sobre un supuesto “retorno a prácticas autoritarias”, los hechos documentados de 2011 recuerdan que Tlaxcala ya vivió ese autoritarismo bajo gobiernos priístas: irrupciones nocturnas, uso excesivo de la fuerza, criminalización de protestas legítimas y persecución judicial fabricada.
La memoria es incómoda, pero necesaria. La protesta no es delito, como afirma el dirigente priísta, y no lo era tampoco cuando los policías tlaxcaltecas pedían condiciones dignas de trabajo. El PRI puede criticar al gobierno federal si así lo desea; lo que no puede es presentarse como defensor de libertades que él mismo pisoteó cuando tuvo el poder.
