Por Alberto Amaro Jordan
Los recientes episodios de funcionarios del gobierno de Tlaxcala involucrados en situaciones de alcoholismo han desatado críticas severas contra la administración estatal. Las imágenes del director de la Casa de Artesanías en estado de ebriedad y el bochornoso caso de Santiago Domínguez, detenido por conducir en sentido contrario en un vehículo oficial, provocaron indignación inmediata.
Las reacciones se centraron en exigir “mano dura” a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Y muchos, me incluyo, cuestionamos su falta de firmeza frente a conductas que claramente afectan la imagen institucional.
Sin embargo, al observar estos hechos con mayor profundidad, surge una pregunta que casi nunca se aborda en el debate público: ¿estamos hablando de una falta administrativa… o de una enfermedad?
El alcoholismo: una enfermedad, no un escándalo
La Organización Mundial de la Salud y el programa de Alcohólicos Anónimos coinciden: el alcoholismo es una enfermedad progresiva, degenerativa, incurable y potencialmente mortal. No es un vicio ni una debilidad. Es un padecimiento que deteriora la salud física, la estabilidad emocional y la vida social de quien lo sufre.
Aun así, en México el consumo problemático de alcohol sigue siendo tema de burla, estigma o escándalo mediático. Poco se habla del trasfondo: personas enfermas, atrapadas en una situación que requiere tratamiento, no linchamiento.
Cuando eso ocurre en el servicio público, solemos exigir destituciones inmediatas sin detenernos a pensar en la enfermedad que hay detrás.
Una gobernadora que eligió la empatía
Frente a las críticas, la gobernadora Lorena Cuéllar sorprendió al pronunciar una frase que abrió otro ángulo de reflexión:
“Nadie está exento de estar en una situación así.”
Más que una defensa, fue un reconocimiento de que el alcoholismo no distingue cargo, nivel socioeconómico, edad ni estatus social. Su postura no eludió la responsabilidad administrativa, pero sí mostró algo poco común en la política: una mirada humana ante un problema de salud pública.
No se trata de justificar conductas indebidas. Quien usa un vehículo oficial para fines personales, conduce en estado de ebriedad o daña la imagen institucional debe enfrentar consecuencias. Pero sancionar no está peleado con comprender. Y un gobierno que reconoce el alcoholismo como enfermedad no se debilita: evoluciona.
El papel de los medios: informar sin deshumanizar
Como periodistas, también debemos hacer un alto. Yo mismo publiqué el caso del director de artesanías de manera inmediata, sin detenerme a pensar si estaba exhibiendo a un funcionario… o a un enfermo.
El periodismo debe señalar, denunciar y exigir transparencia. Pero también debe evitar convertir la enfermedad de una persona en un espectáculo. Informar con firmeza no está peleado con hacerlo con dignidad.
Hacia una política pública más humana
Los episodios recientes deberían convertirse en una oportunidad para algo más profundo:
- Crear protocolos de atención para funcionarios con problemas de adicciones.
- Coordinar acciones entre salud pública, administración estatal y derechos humanos.
- Ofrecer acompañamiento médico y psicológico, no solo sanciones.
- Promover campañas internas de prevención y concientización.
No se trata de tolerancia. Se trata de responsabilidad humana y gubernamental.
Por último…
Los funcionarios involucrados deben responder por sus actos. Pero también deben recibir ayuda. El alcoholismo no es un desliz: es una enfermedad seria que puede destruir vidas.
La gobernadora mostró una postura inesperada en tiempos de linchamientos digitales: empatía.
Y quizá ese sea el primer paso para construir instituciones más humanas.
