La tarde del sábado 6 de diciembre, durante el bloqueo de la carretera Apizaco–Tlaxcala a la altura de la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, se registró un incidente entre el Coordinador de agentes y coordinadores municipales de la Dirección de Gobernación, Marcos Caporal Portillo, y un periodista que cubría la protesta ciudadana.
De acuerdo con el testimonio del comunicador, Caporal Portillo se habría dirigido inicialmente a dos mujeres con gritos para exigirles que se retiraran del área donde dialogaba personal de la Secretaría de Gobierno con los manifestantes. Más tarde, el funcionario se acercó al periodista —quien se encontraba en un espacio público y, según su testimonio, sin interferir en las labores de la autoridad— y le ordenó de manera prepotente a retirarse del lugar, ejerciendo un intento de censura, toda vez que el periodista se identificó situación que poco le importó a Caporal Portillo, quien por su actuar intentaría censurar al periodista
Cuando el reportero solicitó que al funcionario se identificara y explicara la razón por la que debía abandonar un sitio público, Caporal Portillo se negó a proporcionar sus datos y continuó exigiéndole de manera prepotente que se fuera, asegura el comunicador.
Minutos después, el Director de Gobernación y Desarrollo Político, Emilio Minor Molina, fue entrevistado sobre el comportamiento de dicho servidor público. Minor Molina señaló que “ningún servidor público tiene la facultad de dirigirse de esa manera, por eso existe el diálogo,”
Tras el incidente, este medio recibió señalamientos de trabajadores de la Secretaría de Gobierno, quienes afirmaron que Caporal Portillo suele mostrarse agresivo y que incluso recurre a insultos hacia subordinados, presumiendo tener cercanía con la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, y que por tal razón nadie le puede hacer algo.
Libertad de expresión y protección al trabajo periodístico
El incidente revive el debate sobre el respeto a la labor informativa en espacios públicos. La libertad de expresión, consagrada en el Artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza que periodistas y comunicadores puedan documentar hechos de interés público sin ser obstaculizados por autoridades.
En México, el trabajo periodístico está reconocido como una actividad de alto riesgo. Organismos nacionales e internacionales han documentado que comunicadores sufren intimidaciones, agresiones e intentos de censura, especialmente al cubrir protestas, operativos o actos de gobierno. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que las autoridades deben garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la labor informativa, las cuales desconocen algunos trabajadores de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Expertos en derechos humanos recuerdan que la presencia de periodistas en manifestaciones o bloqueos no constituye una interferencia, sino una función esencial para la transparencia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Hasta el momento, la Secretaría de Gobierno que preside Luis Antonio Ramírez Hernández no ha emitido una postura oficial sobre el comportamiento de su funcionario en este evento. Se espera que en los próximos días se aclaren los hechos y se determinen posibles responsabilidades administrativas o correctivos internos.
Por último, el actuar de este funcionario va en contra del discurso que en eventos con la prensa a dado la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, -respeto a la libertad de expresión.
