Por Alberto Jordan
Una vez más, la Secretaría de Educación Pública del Estado se convirtió en epicentro de confusión y desorden informativo. Esta vez, no por una política educativa fallida, sino por la incontinencia verbal y operativa de su titular, Homero Meneses Hernández, quien decidió adelantarse. otra vez, a las decisiones institucionales, filtrando una circular que no debía ver la luz pública en ese momento.
El documento en cuestión, identificado con el número de oficio D.G/02116/2025, fechado el 15 de diciembre de 2025 y signado por el propio Meneses Hernández, informaba sobre el adelanto del periodo vacacional de invierno para el 17 de diciembre. La filtración desató un auténtico “teléfono descompuesto” entre docentes, padres de familia y directivos escolares, quienes recibieron versiones encontradas, incompletas y, en algunos casos, francamente contradictorias.
De acuerdo con información conocida al interior del propio gobierno estatal, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros había instruido que la decisión del adelanto vacacional se comunicara de manera ordenada y oficial, atendiendo razones de salud pública. Sin embargo, poco o nada importó esa indicación al secretario de Educación, quien optó por irse por la libre, exhibiendo no solo falta de disciplina institucional, sino una preocupante tendencia a anteponer su protagonismo personal sobre la responsabilidad del cargo que ostenta.
El resultado fue previsible: descontrol informativo, molestia en la comunidad educativa y una nueva muestra de que en la SEP Tlaxcala la palabra se usa sin filtro ni estrategia. No es la primera vez que ocurre. La hiperlabia política de Homero Meneses, esa necesidad constante de hablar, declarar, filtrar y opinar sin medir consecuencias, ya se ha convertido en un sello de su gestión.
El funcionario, que suele autodenominarse “humanista”, parece tener serias dificultades con la autocontención y la escucha activa, virtudes básicas para cualquier servidor público. Hablar de más, hablar antes de tiempo y hablar sin coordinación no es transparencia: es irresponsabilidad. Y cuando esa conducta se repite, deja de ser un accidente para convertirse en un patrón de desobediencia.
Aquí no se trata de diagnósticos clínicos ni de descalificaciones gratuitas, sino de hechos políticos y administrativos: un secretario que no respeta los tiempos de su gobernadora, que genera ruido donde debería haber certeza y que confunde comunicación con verborrea. En un estado que presume gobernabilidad y orden, estas conductas no solo desgastan la imagen del gobierno, sino que minan la confianza ciudadana.
La educación pública de Tlaxcala no necesita funcionarios con urgencia de micrófono, sino servidores públicos con mesura, coordinación y sentido de Estado. Porque cuando la palabra se usa sin freno, el daño no es retórico: es institucional.
