La víctima acusa al Secretario particular de la Presidenta Municipal Elena Macías Díaz, por sustracción de menores, lesiones y violencia de género
La violencia contra las mujeres en México sigue cobrando nuevas víctimas, ahora en el municipio de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, donde una mujer denunció haber sido agredida verbal y físicamente y que su hija de tres años de edad fue sustraída por un funcionario municipal, quien habría hecho alarde de su poder político.
Los hechos
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 8:45 horas, en la calle Dos de Abril, esquina Venustiano Carranza, en la colonia Lázaro Cárdenas. La mujer caminaba tomada de la mano de su hija menor, cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad, cuando fue interceptada por Alfredo Macías Lima, identificado como secretario particular de la presidenta municipal, Elena Macías Díaz.
La víctima relató que el funcionario la insultó realizando señalamientos misóginos y, posteriormente, le arrebató a la menor, negándose a devolvérsela pese a los gritos y súplicas de la madre. Según la denuncia, el agresor la habría golpeado frente a la niña, la menor suplicaba que dejaran de golpear a su madre.
“Saben el poder que tiene mi familia”
La mujer aseguró que el funcionario presumió su influencia política, mencionando a su hermano, Fortunato Macías Lima, ex diputado local y actual consejero estatal del Partido Alianza Ciudadana (PAC). Esta relación, afirma la víctima, ha generado un clima de temor e indefensión, ante la percepción de que el presunto agresor cuenta con protección política.
La denunciante también expresó su preocupación debido a que un familiar cercano de estos personajes laboraría en el DIF estatal, lo que incrementa el miedo a que el caso sea encubierto o minimizado.
Desconocen el paradero de la menor
Hasta el momento de la publicación de esta nota, la madre afirmó no conocer el paradero de su hija, por lo que exigió la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales para localizar a la menor y garantizar su integridad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que la sustracción de menores, especialmente cuando ocurre en contextos de violencia de género y abuso de poder, constituye una violación grave a los derechos humanos y debe ser investigada con perspectiva de infancia y género.
Violencia, poder e impunidad
Este caso refleja una problemática estructural en México: la violencia contra las mujeres agravada por el uso del poder político, donde los agresores se sienten protegidos por sus cargos o conexiones. La sociedad civil exige que este caso no quede en la impunidad y que se garantice justicia sin importar el cargo público del señalado.
Los hechos ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), pero hasta el cierre de esta edición las autoridades no han emitido, una postura oficial sobre estos hechos.
