No cabe duda que el requisito indispensable para ser jefe policiaco es tener antecedentes penales o causas penales abiertas
El reciente nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como titular de la Policía Local de Orizaba ha desatado una fuerte controversia, debido a su historial judicial y a las acusaciones que pesan en su contra, entre ellas desaparición forzada y presunto acoso sexual.
Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, cuenta con una orden federal de aprehensión vigente desde 2014, emitida por un juez en Chihuahua, por su probable participación en un caso de desaparición forzada derivado de un operativo realizado en 2008. A pesar de ello, fue designado durante el primer cabildo encabezado por el alcalde Hugo Chahín Kuri, sin que hasta el momento el Ayuntamiento haya informado si se revisó su situación legal antes de otorgarle el cargo.
El exfuncionario fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala en septiembre de 2021, al inicio del gobierno de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros. En ese momento, autoridades estatales justificaron su designación por su trayectoria en la Policía Federal y en distintas áreas de seguridad del gobierno federal. Sin embargo, su paso por dichas corporaciones estuvo marcado por señalamientos de alto impacto.
Además de la orden de aprehensión, diversos reportes periodísticos han documentado denuncias por presunto acoso sexual durante su desempeño en instituciones de seguridad. En noviembre de 2021, cuando agentes de la entonces SEIDO acudieron a detenerlo en Tlaxcala, Álvarez Valenzuela se dio a la fuga desde las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad, lo que provocó su destitución inmediata y dejó acéfala la dependencia.
Tras permanecer prófugo durante varios años, en diciembre de 2024 fue localizado nuevamente por autoridades estatales y federales; no obstante, logró evitar su detención al promover un amparo federal, para el cual depositó una garantía cercana a los 2 mil 500 pesos. Dicho recurso le concedió una suspensión provisional que impide su captura mientras se resuelve el fondo del proceso.
El amparo fue tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Octavo Circuito y busca protegerlo frente a diversas autoridades judiciales del país, lo que ha frenado la ejecución de la orden de aprehensión.
Especialistas en derecho constitucional y seguridad pública han señalado que, si bien la presunción de inocencia permanece vigente, un proceso penal por desaparición forzada es incompatible con el ejercicio de un cargo de seguridad pública. La Constitución y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los mandos policiacos deben cumplir con requisitos de honorabilidad, confiabilidad y respeto a los derechos humanos.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la separación o negativa de nombramiento en estos casos constituye una medida administrativa preventiva y no una sanción penal, por lo que no vulnera la presunción de inocencia.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha emitido información pública sobre el estado actual del caso, lo cual es habitual en investigaciones bajo sigilo judicial. Sin embargo, la designación de Álvarez Valenzuela en Orizaba ha generado preocupación entre diversos sectores, al tratarse de un puesto clave para la seguridad ciudadana.
El gobierno municipal no ha aclarado si tenía conocimiento de la orden de aprehensión ni si el ahora jefe policiaco cumplió con los controles de confianza, requisitos indispensables para ocupar un cargo de esta naturaleza.
