Abogado Carlos David Robles Figueroa ofrece asesoría legal a afectados por incendio en corralón de la FGJE de Tlaxcala

Luego del incendio de gran magnitud registrado en el corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, el abogado Carlos David Robles Figueroa ya se encuentra ofreciendo asesoría y representación legal a las personas cuyos vehículos resultaron dañados o totalmente calcinados, a fin de que puedan exigir la reparación del daño correspondiente.

El siniestro ocurrió en el corralón ubicado en la comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec, donde 184 vehículos fueron consumidos por el fuego, todos ellos bajo resguardo de la autoridad estatal como parte de procesos legales o administrativos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para controlar el incendio, el cual se prolongó durante varias horas debido a la magnitud del fuego y a la presencia de materiales inflamables. Hasta el momento, la FGJE no ha informado oficialmente las causas del siniestro ni ha determinado responsabilidades.

En entrevista, el abogado Carlos David Robles Figueroa señaló que, al encontrarse los vehículos bajo custodia de una institución pública, existen fundamentos legales para analizar una posible responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de una acción u omisión en el resguardo y seguridad del inmueble.

Recordó que, desde el punto de vista jurídico, el delito se define como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable atribuible a una persona, por lo que será necesario determinar si hubo negligencia, falta de protocolos de seguridad o irregularidades administrativas.

Mientras continúan las investigaciones oficiales, propietarios afectados han comenzado a buscar asesoría legal para reclamar el pago de los daños materiales, incluyendo el valor comercial de los vehículos y otros perjuicios derivados de su pérdida.

El incendio ha reavivado el debate sobre la seguridad en los corralones oficiales y la obligación del Estado de garantizar la protección de los bienes que mantiene bajo su custodia, en un caso que podría sentar un precedente importante en Tlaxcala.

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