Las bajas se relacionan con evaluaciones y factores de riesgo; los elementos afectados señalan que no han sido finiquitados y analizan acciones legales
Diez elementos de la policía estatal adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron cesados de sus funciones la mañana de este lunes 1 de febrero de 2026, presuntamente por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con fuentes oficiales.
Según la información recabada, durante procesos de revisión interna y control de confianza se habrían detectado en los agentes diversos factores de riesgo que podrían interferir o poner en peligro el adecuado desempeño de sus funciones. Entre las observaciones también se mencionan posibles vínculos con grupos delictivos; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera pública sobre la apertura de carpetas de investigación penales específicas en su contra.
La legislación federal en materia de seguridad pública establece que los integrantes de las corporaciones policiales deben acreditar de manera periódica evaluaciones de control de confianza, que incluyen exámenes psicológicos, médicos, toxicológicos, patrimoniales y de entorno social, entre otros. No aprobar estos procesos o incumplir con los perfiles requeridos puede derivar en la separación del cargo.
Estas medidas forman parte de la política de depuración policial orientada a fortalecer la confiabilidad de las instituciones de seguridad y reducir riesgos de infiltración del crimen organizado.
No obstante, al interior de la propia corporación circula una versión distinta. Fuentes cercanas a la SSC señalaron que los elementos cesados consideran que se trata de un despido injustificado, al argumentar que no están siendo finiquitados conforme a la normatividad laboral y administrativa aplicable, además de que no se les notificó el motivo de su despido.
Esto ocurre en un contexto de exigencias para reforzar los controles internos en las corporaciones policiales, en medio de la presión social por mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
