Por. J. Jesús Lemus
Gertz Manero, en la falsa alianza que estableció con Julio Scherer, fue quien ideó la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Así se lo propuso al consejero jurídico para que lo ayudara en la encomienda, aludiendo a que Olga Sánchez le había presentado un informe al presidente López Obrador en el cual señalaba que Julio Scherer Ibarra traficaba influencias con abogados que defendían casos de imputados por el gobierno federal por diversos delitos “de cuello blanco”.
Entre los despachos que, a decir de Olga Sánchez Cordero, supuestamente se beneficiaron con la mediación del consejero Julio Scherer Ibarra están: “Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados”, apunta el propio Scherer Ibarra.
Esa quizá haya sido la razón por la que Julio Scherer Ibarra comenzó a gestionar más insistentemente ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que Olga Sánchez Cordero dejara la Segob, lo cual ocurrió el 26 de agosto de 2021, cuando el presidente nombró en su lugar a otro de sus más cercanos amigos, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández.
El argumento de peso que presentó Julio Scherer Ibarra ante el presidente para lograr la destitución de Olga Sánchez Cordero fue la desbandada que se estaba dando dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que denotaba un debilitamiento en la convocatoria del gobierno federal para el diálogo con los gobernadores, principalmente los emanados del Partido Acción Nacional (pan), el Partido Revolucionario Institucional (pri) y el Partido de la Revolución Democrática (prd).
En este punto cabe recordar que durante agosto de 2021, a días de que el presidente López Obrador solicitara la renuncia a Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, 10 gobernadores de oposición a la Cuarta Transformación anunciaron su decisión de dejar la Conago, por considerar que se había agotado el diálogo con la titular de la Segob, a quien acusaron de no ver por los intereses de los gobiernos estatales, que —en su visión— estaban siendo abandonados a su suerte por la federación, sobre todo en el ámbito del financiamiento a los programas de ejecución de obras y de servicios federales.
Los gobernadores que anunciaron su salida de la Conago para dar paso a una nueva organización de gobernadores, denominada Alianza Federalista, fueron Enrique Alfaro (mc), gobernador de Jalisco; Jaime Rodríguez Calderón (independiente), de Nuevo León; Javier Corral (pan), de Chihuahua; José Ignacio Peralta (pri), de Colima; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (pan), de Guanajuato; José Rosas Aispuro (pri), de Durango; Miguel Ángel Riquelme (pri), de Coahuila; Martín Orozco (pan), de Aguascalientes; Silvano Aureoles (prd), de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca (pan), de Tamaulipas.
Esa fue la coyuntura que Julio Scherer aprovechó para lograr, desde su posición, que el presidente destituyera a Olga Sánchez de la Secretaría de Gobernación. En el relevo, el presidente López Obrador anunció que la salida de Sánchez Cordero del gabinete presidencial se debía a una estrategia política, asegurando que la presencia mediadora de Olga Sánchez sería de mucha ayuda dentro del Senado, en donde —en su calidad de senadora que terminaba con su licencia— se le dio la encomienda de ser la líder de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pero la investigación que Olga Sánchez Cordero dejó sobre el escritorio de su sucesor, Adán Augusto López Hernández, no fue archivada. La duda del presidente pudo más: por instrucción suya, el nuevo secretario de Gobernación, con el respaldo del fiscal Alejandro Gertz Manero, dio continuidad a los trabajos de investigación iniciados por Olga Sánchez Cordero, solo para ratificar los hallazgos.
Se encontró que, al menos en los casos de Juan Collado Mocelo y de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, referentes a corrupción, fraude fiscal y peculado, el entonces consejero jurídico de la Presidencia sirvió como puente entre los abogados de estos y la representación del Ministerio Público de la Federación, léase FGR, para llegar a acuerdos reparatorios a cambio de pagos extraoficiales a un grupo de abogados relacionados con el propio Julio Scherer Ibarra.
En versión de fuentes en el interior de la Segob, el informe que dejó Olga Sánchez Cordero y que continuó Adán Augusto López Hernández señala que, en el caso de Juan Collado Mocelo, un grupo de abogados, entre ellos Juan Araujo, Isaac Pérez, David Gómez Arnau y César González, quienes estarían relacionados con Julio Scherer, ofrecieron a la defensa de Juan Collado y al propio imputado la mediación de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para llegar a un acuerdo de liberación.
A cambio solicitaron un pago extraoficial de por lo menos 2 mil millones de pesos, con el fin de convencer a la representación de la FGR para que aplicara el “criterio de oportunidad” en ese caso, que no es otra cosa que una liberación anticipada del indiciado a cambio de información que permita la detención de otros implicados en el mismo delito o en otros relacionados.
Es oportuno recordar que Juan Collado Mocelo, uno de los abogados de mayor prestigio en México por haber sido representante legal de Raúl Salinas de Gortari (hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari), del exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps y del expresidente Enrique Peña Nieto, entre otras figuras públicas, fue detenido el 9 de julio de 2019 y vinculado a proceso en septiembre de 2020 bajo la acusación de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude fiscal por 36 millones de pesos y peculado por 13 millones
780 mil pesos en agravio del erario del gobierno de Chihuahua. Los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se le atribuyen por haber cobrado en el Principado de Andorra 45.9 millones de dólares de una cuenta utilizada por una red de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa.
Según la investigación iniciada por Olga Sánchez Cordero, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de consejero jurídico de la Presidencia, habría solicitado a través de interpósitas personas una serie de sobornos para remediar el encarcelamiento de Juan Collado.
Esta misma versión la sostuvo el propio Juan Collado, quien —en diciembre de 2021—, a través de su defensa jurídica, interpuso ante la FGR una denuncia de hechos por el delito de extorsión en contra de un grupo de abogados ligados a Julio Scherer.
En su defensa, Julio Scherer Ibarra, quien señala que existe una acción concertada para manchar su nombre, explicó al respecto, en el mismo artículo publicado en la revista Proceso del 19 de marzo de 2022: “la primera vez que supe del criterio de oportunidad que la defensa de Juan Collado buscaba obtener para sacarlo de la cárcel fue en voz del presidente López Obrador, quien había recibido la propuesta a través de la propia Olga Sánchez Cordero, cercanísima a la familia Collado.
Fue el presidente quien me enteró que Antonio Collado —a través de Sánchez Cordero— ofrecía 25% de los recursos que su hermano Juan tenía congelados en Andorra (90 millones de euros) para entregarlos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) como parte de un acuerdo reparatorio”.
Según Julio Scherer, él recomendó al presidente López Obrador no aceptar esa oferta, por una sola razón: “difícilmente los recursos congelados en Andorra pertenecían exclusivamente al abogado [Juan Collado]”.
Pero ese no es el único señalamiento de corrupción que se le ha hecho a Julio Scherer Ibarra con base en las investigaciones de la entonces secretaria de Gobernación, alentada por el fiscal Alejandro Gertz Manero.
También se le relacionó con el caso de la periodista de espectáculos Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes, hasta el cierre de este trabajo, siguen prófugos de la justicia, luego de ser acusados de los delitos de lavado de dinero y peculado por un monto de más de 2 mil 950 millones de pesos.
Dicho monto habría provenido del erario de la Federación a través de una serie de contratos obtenidos del gobierno federal en 2016, durante la administración de Enrique Peña, los que les fueron entregados para prestar diversos servicios y llevar a cabo obras en el sistema federal de prisiones, contratos que nunca se cumplieron, pero sí fueron cobrados.
Dentro de esa acusación también están señalados, como responsables del desfalco a la Federación, Emmanuel Castillo, exdirector de la Coordinación General de Centros Federales; Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (oadprs), y Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración de ese mismo organismo.
Según la investigación de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, familiares de la pareja habrían entregado un soborno en especie a Julio Scherer Ibarra con el fin de que sirviera de negociador ante la FGR para que a Gómez Mont y Álvarez Puga se les permitiera acogerse al criterio de oportunidad. Dicho soborno habría sido una casa en Acapulco, de la que públicamente Julio Scherer se ha deslindado, argumentando que ni siquiera ha tenido trato directo con los implicados en ese caso. Pero tampoco ha dicho si tiene o no una nueva casa en Acapulco.
En la acusación de colusión de Scherer Ibarra con la pareja Gómez Mont-Álvarez Puga que corrió por cuenta de Olga Sánchez Cordero, también participó discrecionalmente un grupo de investigadores de la FGR, que contribuyeron con las pesquisas y pudieron establecer que el desvío de dinero que lograron los indiciados se hizo a través de una empresa fantasma de razón social Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, la cual obtuvo beneficios por más de 3 mil millones de pesos por prestar un servicio inexistente.
No solo eso. La FGR también encontró que el domicilio oficial registrado por la firma Seguridad Privada Inteligencia Cibernética es una casa sin ningún tipo de infraestructura ni personal para prestar servicios de seguridad al sistema carcelario mexicano, y que además la citada casa se ubica en una colonia de la periferia de la ciudad de Morelia, Michoacán.
Sobre esta acusación, Julio Scherer Ibarra se ha desmarcado públicamente; ha rechazado cualquier posibilidad de contacto personal o profesional con la pareja de indiciados Gómez Mont Álvarez Puga o familiares de ellos.
Su versión de los hechos que se le atribuyen dice que a él se le ha querido implicar alevosamente en la trama ideada por la entonces secretaria de Gobernación y el fiscal general de la República, pues —argumenta— fue el fiscal Gertz Manero quien instruyó a su mano derecha y subprocurador Juan Ramos para que se reuniera con el abogado Felipe Gómez Mont con el fin de ofrecerle la posibilidad del criterio de oportunidad para sus clientes y familiares, de modo que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se convirtieran en testigos protegidos de la FGR.
Esa oportunidad fue ofrecida —asevera Julio Scherer— a cambio de que la pareja de indiciados hiciera acusaciones de extorsión en su contra. Pero, y así lo aplaude Julio Scherer, “esta vez, la integridad de los implicados no hizo posible obsequiar los deseos del fiscal y la exministra: la familia Gómez Mont se negó categóricamente a ser parte de esa infamia”.
Aun cuando los Gómez Mont-Álvarez Puga no quisieron prestarse a la urdimbre orquestada entre Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero para procesar penalmente o al menos sepultar políticamente a Julio Scherer Ibarra, la maquinaria de los culpables creados de la FGR siguió operando: también se le relacionó a Scherer Ibarra en un supuesto caso de extorsión dentro del proceso que se le sigue a Guillermo Álvarez Cuevas, el exrepresentante de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, acusado de haber desviado más de 2 mil 257 millones de pesos. En ese entramado, el brazo operador de Gertz Manero, el subprocurador Juan Ramos, sí contó con el apoyo de los abogados de Guillermo Álvarez Cuevas para fincar el delito de extorsión en contra de Julio Scherer Ibarra.
Hasta donde se sabe, la FGR utilizó a Ángel Martín Junquera. A través de su abogado Javier Quijano y el hijo de Ángel Martín Junquera, Ángel Junquera Fernández, fue que Alejandro Gertz ofreció al indiciado la posibilidad de acogerlo bajo la figura de criterio de oportunidad (testigo protegido) a cambio de que devolviera el dinero sustraído a la Cooperativa Cruz Azul e incriminara a Julio Scherer Ibarra —a través del despacho de abogados Barradas y García— por el delito de extorsión.
Con base en los testimonios armados de los casos de Juan Collado, de los Gómez Mont-Álvarez Puga y de Guillermo Álvarez, la FGR de Alejandro Gertz Manero integró la carpeta de investigación marcada con el número FED/FEAI/FEAI-CD MX/0000122/2022 en contra de Julio Scherer Ibarra por el delito de extorsión y cohecho, carpeta que le fue presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días de agosto de 2021.
La versión de una fuente cercana a la Presidencia de la República indica que el presidente López Obrador montó en cólera y que, en forma inmediata, sin mayor explicación, le solicitó a Julio Scherer Ibarra la renuncia al cargo, la cual se oficializó en la conferencia mañanera del 2 de septiembre de 2021.
Julio Scherer renunció al cargo de consejero jurídico de la Presidencia desde el 30 de agosto de 2021. Pero, por la concesión de amistad entre él y el presidente López Obrador, la renuncia solicitada se matizó como una decisión unipersonal de Julio Scherer, aunque nunca fue así. En el mismo texto de la renuncia, Julio Scherer no hace alusión a ninguna confabulación en su contra por parte de Olga Sánchez Cordero ni Alejandro Gertz como motivo u origen de la renuncia.
De hecho, no arguye nada para dejar su cargo oficial. Solo atinó a decir —en el citado escrito público— que era tiempo de cerrar su ciclo de servidor público para dedicarse a sus labores profesionales, las cuales —explicó— había dejado en pausa para ser parte del proyecto transformador de López Obrador.
