Como presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET), manifiesto en nombre de toda la organización nuestro más enérgico rechazo y profunda preocupación por la retención e incomunicación que sufrió nuestro compañero Alberto Amaro Jordán, director de La Prensa de Tlaxcala, al interior del Centro de Justicia Federal con sede en Tlaxcala.
El pasado 11 de febrero de 2026, Alberto acudió puntualmente a una audiencia en la que participa con el carácter de víctima, derivada de agresiones sufridas precisamente por el ejercicio de su labor periodística.
Sin embargo, personal de seguridad del centro lo retuvo e incomunicó durante casi dos horas y media, le retiraron su teléfono celular y, pese a encontrarse físicamente dentro del inmueble judicial, la audiencia fue suspendida argumentando su “ausencia”.
Organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) han documentado y condenado públicamente estos hechos, calificándolos como una retención sin autorización judicial y una clara obstaculización al ejercicio periodístico.
Para la UPET, este incidente no puede reducirse a un simple error logístico o administrativo. La retención de un periodista dentro de una sede del Poder Judicial Federal constituye un hecho de extrema gravedad institucional.
En un país como México —señalado insistentemente como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra—, cualquier acto que obstaculice, intimide o genere revictimización contra quienes informamos representa una amenaza directa a la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia.
Sin prensa libre no hay rendición de cuentas, no hay transparencia ni control ciudadano sobre el poder.
Cuando un comunicador es retenido e incomunicado en el lugar donde precisamente debería prevalecer el irrestricto respeto a la ley y a los derechos humanos, el mensaje que se envía al gremio es profundamente alarmante: puede fomentar autocensura, miedo y un debilitamiento general del periodismo crítico e independiente.
Por ello, la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala exige:
• Una explicación pública, detallada y documentada por parte del Centro de Justicia Federal en Tlaxcala sobre lo ocurrido el 11 de febrero de 2026.
• El inicio inmediato de una investigación interna imparcial que determine responsabilidades y evite la impunidad.
• Que todas las autoridades —federales y estatales— se abstengan de cualquier acción u omisión que pueda interpretarse como intimidación, revictimización o inhibición de la labor periodística.
Reitero que la defensa de la libertad de expresión no es una causa corporativa: es una causa democrática que nos compete a toda la sociedad.
Cada agresión o obstáculo contra un periodista es una agresión contra el derecho colectivo de la ciudadanía a estar informada y conocer la verdad.
En Tlaxcala y en todo México, ejercer el periodismo no debe implicar riesgos adicionales ni barreras institucionales.
La democracia se fortalece con una prensa libre, crítica y protegida; se debilita cuando el poder —por acción o por omisión— genera condiciones que la inhiben.
La UPET se mantendrá vigilante, solidaria y en apoyo irrestricto a nuestro compañero Alberto Amaro Jordán y a cualquier integrante del gremio que enfrente agresiones.
La libertad de expresión no admite retrocesos. Defenderla es una responsabilidad ética, profesional y democrática ineludible.
Atentamente
L.C.C. Martín Rodríguez Hernández
Presidente de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET)
