Por. J. Jesús Lemus
Si se ha de creer a las fuentes consultadas y a la observación directa de la violencia, a nivel nacional la lista de empresas trasnacionales que se valen del crimen organizado para la protección de sus intereses es larga; el recuento llegaría a por lo menos 915 regiones de todo el país, donde la protección de los intereses de los corporativos mineros recaería en células de los 76 cárteles que existen en el país, principalmente de Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel el Golfo, el Cártel de Jalisco nueva Generación, el de Sinaloa, Guerreros Unidos y el de los hermanos Beltrán Leyva.
Un ejemplo de lo anterior se da en la región de Ixtacamaxtitlán, en el norte de Puebla: la empresa Almaden Minerals Ltd., por medio de la subsidiaria Compañía Gorrión S. A. de C. V., descubrió el yacimiento de oro más grande —y uno de los más importantes de plata— de México, en la cuenca alta del río Apulco, sobre una extensión de más de 88 mil hectáreas. La mayor parte del banco de oro se ubica en la comunidad de Santa María Sotoltepec; tiene una proyección productiva de 130 mil onzas de oro y cerca de 8 mil onzas de plata por año.
En esa localidad, los opositores al proyecto minero han recibido amenazas y persecución por parte de las células de Los Zetas con el respaldo de los gobiernos locales, los que han puesto a disposición del crimen organizado los cuerpos de la policía municipal; los comandos han llegado hasta las casas de opositores al proyecto para hablarles sin tapujos. Les han marcado las alternativas que tienen: desisten de la resistencia, se marchan del pueblo o serán ejecutados.
La práctica de hostigamiento contra quienes se oponen a las minas de Almaden Minerals Ltd., no se ha limitado a la zona de Ixtacamaxtitlán, también se ha denunciado la presencia del crimen organizado en los municipios poblanos de Libres, Zautla, Ahuazotepec y Xicotepec, donde la minera de capital canadiense realiza proyectos de exploración ejecutables en los próximos cinco años, en algunos casos con la participación de la poderosa empresa canadiense Goldcorp.
En el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, donde Goldcorp explora la mina La Preciosa, se ha intensificado también el fenómeno de hostigamiento social. En esta localidad, grupos identificados como parte de Los Zetas han hecho presencia entre la población con prácticas de extorsión; exigen una cuota de cinco pesos diarios a cambio de respetar vidas y propiedades. Obviamente el objeto de la extorsión no es el dinero en sí, sino el terror que siembran entre los habitantes, quienes han comenzado un éxodo silencioso que los obliga a malbaratar sus predios, los ambicionados por Goldcorp.
El mismo fenómeno ocurre en Tlatlauquitepec, Puebla; desde 2014 la federación ha entregado concesiones para la exploración y explotación de nueve minas de oro, plata, cobre, zinc, plomo y manganeso en casi la mitad del territorio de esa localidad, a cuyos habitantes se les ha dicho que los proyectos mineros serán para impulsar el desarrollo de la zona y mejorar su condición económica.
Con la llegada de las mineras a Tlatlauquitepec, ocho canadienses y una china, también llegaron los grupos del crimen organizado que han amenazado a los opositores y los han forzado a desplazarse. La delincuencia se hace presente entre los vecinos de este municipio con actos de intimidación cada vez que hay manifestaciones públicas de repudio a la exploración minera de la zona, la cual se realiza en una superficie de casi 10 mil hectáreas.
Los vecinos de Tlatlauquitepec han denunciado que comandos, a veces acompañados por la Policía Municipal, se han convertido en emisarios de las empresas mineras para disuadir las protestas; en al menos tres ocasiones se han tenido que suspender las manifestaciones por las amenazas a los dirigentes del movimiento.
Aquí es el grupo Ferrominero S. A. de C. V. el de mayor presencia. Tiene dos concesiones para explotar hasta 50 años cualquier yacimiento de metal encontrado en una extensión de 915 hectáreas, dentro de los predios identificado como a Atexaco III, Guadalupe y Guadalupe II, con permisos oficiales que fueron entregados sin importar que en la zona haya población rural.
La Compañía Minera Autlán, subsidiaria del grupo Ferrominero S. A. de C. V., también obtuvo dos concesiones para la explotación del subsuelo de Tlatlauquitepec; se le otorgó derecho de dominio sobre los predios La Galera, Tecopizacta, Calatepec y El Canal, donde se asentaban varias familias, al menos una docena, que finalmente han sido desplazadas por la extorsión y las amenazas de secuestro del crimen organizado, que llegó a cobrar “derecho de piso” a razón de dos pesos por persona.
Los predios conocidos como La Joya y La Joya I, en las inmediaciones de los poblados de Tlatlauquitepec, Acamalotla y Tepeícan, ricos en zinc, plomo y cuarzo, fueron entregados en concesión a la minera Mexican Silicates S. A. de C. V., donde se permite la explotación de cuarzo y zinc y “toda sustancia permisible que se encuentre en el subsuelo”.
Frente a la resistencia de los vecinos, que se niegan a la entrega de sus predios y viviendas, surgió el llamado Grupo negro, un comando que vela por los intereses de la minera y que en primera instancia “dialoga” con los inconformes, luego amenaza y finalmente ejecuta a los opositores, según han denunciado integrantes del Movimiento por Tlatlauquitepec.
A Minas Santa Martha S. A., el gobierno federal le otorgó la concesión para explorar y extraer todo el oro, plata, cobre, plomo y zinc del predio conocido como Macuilquila, donde también hay un manto profundo de gas, por lo cual no se descarta que se use la técnica de fractura hidráulica, lo que ha provocado el rechazo de los vecinos. En respuesta, células de Los Zetas han comenzado a realizar recorridos nocturnos para “convencer” a los pobladores de los “beneficios del proyecto”; esto ha generado un lento éxodo, reconocido por la autoridad municipal como “un fenómeno de migración hacia Estados Unidos, de familias que buscan una mejora económica”.
En esta misma localidad de la Sierra norte de Puebla, la empresa Real de Gemas S. A. de C. V., tiene permiso para explotar el predio denominado Paraíso, en el cual se ha declarado el denuncio de reservas probadas de oro, plata, cobre, plomo y zinc por más de 15 años. La minera también se ha valido de grupos del crimen organizado para empujar a la población a irse. no es fortuito que en los últimos dos años se hayan incrementado, según datos de la Fiscalía General del Estado, los delitos de secuestro y extorsión a razón de 12 denuncias por mes. Los habitantes de esta parte del municipio de Tlatlauquitepec no sólo se han opuesto a la exploración y explotación minera, sino también a las intenciones de construir una hidroeléctrica en Tahictic, comunidad del municipio de Zacapoaxtla, obra que eventualmente dejaría sin agua para uso doméstico a cerca de 20 mil personas.
El conflicto social en torno a las minas se agrava con el silencio de la autoridad estatal poblana y el desplazamiento forzado de la población no es reconocido por el gobierno federal. ni por error se menciona la posibilidad de que detrás de los grupos criminales esté la protección de los intereses de las mineras.
La zona norte de Puebla se ha convertido en un foco rojo de violencia. Oficialmente se sabe que en los municipios poblanos que limitan con Veracruz las células actuantes pertenecen a los cárteles de Los Zetas y del Golfo, pero la región ni siquiera está considerada zona de producción de drogas ni es paso para el trasiego de éstas hacia la frontera norte, por lo que especialistas del Centro de Investigación y Seguridad nacional (Cisen) no conocen una causa que justifique ahí la intensa actividad del crimen organizado.
Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado revelan que el mayor índice de violencia —extorsiones, secuestros, lesiones y cobros de piso— se da en las regiones de la zona norte de Puebla: Ixtaca, Rosa, Torrerillo, Zapotec y Tuligtic, donde se asientan precisamente las minas con esos nombres, todas son propiedad de Almaden Mineral Ltd., que explora los yacimientos de oro, plata, cobre y molibdeno.
También los índices de violencia se han disparado en los últimos dos años en la zona de la Caldera, donde Almaden Mineral Ltd., de la mano de la subsidiaria Windstorm Resources, hace labores de exploración en el yacimiento de oro y plata que se encuentra en la zona. Lo mismo ocurre en el predio conocido como La Preciosa, donde se ubicará la mina del mismo nombre, sitio que es una gran reserva de oro y plata y que los vecinos se niegan a entregar.
La región de Pórfido, también en la zona norte de Puebla, está catalogada por la Fiscalía General del Estado como sitio de violencia, pero lo único extraordinario que ha ocurrido en esa región en los últimos cinco años es el hallazgo de un yacimiento de oro, concesionado a la minera Minaurum Gold Inc., la cual se ha confrontado con los pobladores de la región. Lo mismo ocurre en el sitio del Cerro de los dolores, donde las mineras Starcore International Mines y Goldcorp iniciaron hace dos años la exploración de un banco de plata, plomo y zinc. Caso similar es el de la región de La Lupe, en la comunidad de Zautla. La empresa china Jdc Minerals insiste ahí en la exploración de un yacimiento de oro y tiene el permiso federal para hacerse de los predios particulares que se extienden sobre el yacimiento.
Y esa violencia no es privativa de Michoacán o Puebla. Se extiende a entidades como Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero y Oaxaca, donde tienen proyectos operativos al menos 15 mineras, muchas de ellas subsidiarias de la canadiense Almaden Minerals Ltd.
