Estudiantes de la Facultad Libre de Derecho del Estado de Tlaxcala han denunciado públicamente presuntos actos de acoso sexual atribuidos al director, Miguel Moreno Vega, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad y el respeto dentro de esta institución educativa.
De acuerdo con testimonios recabados por este medio, jóvenes —principalmente alumnas que buscan oportunidades laborales mientras cursan sus estudios— señalan que el directivo habría ofrecido apoyo académico o empleo a cambio de favores sexuales. Las denunciantes describen estas conductas como reiteradas y abusivas, generando un ambiente de intimidación y vulnerabilidad.
En los señalamientos también se menciona a Guadalupe Lozano Tovar, identificada como esposa del exgobernador y actual diputado local Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien, según las versiones, tendría conocimiento de estas conductas sin que hasta el momento se hayan tomado medidas al respecto.
Las estudiantes afirman sentir temor de presentar denuncias formales ante las autoridades, debido a la presunta influencia y poder político del director, así como a su cercanía con figuras de relevancia en el ámbito local. Esta situación, aseguran, inhibe el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad.
Cabe señalar que la familia Ortiz Ortiz, propietaria de la Facultad Libre de Derecho, ha mantenido durante años el control de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). En ese contexto, han surgido de manera recurrente denuncias por acoso laboral y sexual contra catedráticos presuntamente vinculados a este grupo, quienes —según diversas versiones— habrían sido protegidos, lo que refuerza la percepción de un problema estructural de impunidad dentro de estos espacios académicos.
Violencia sexual en entornos educativos: un problema estructural
Especialistas y organismos defensores de derechos humanos han advertido que el acoso sexual en instituciones educativas no solo vulnera la integridad de las víctimas, sino que también limita su desarrollo académico y profesional. Estas conductas suelen estar marcadas por relaciones de poder desiguales, donde autoridades o docentes se aprovechan de su posición para ejercer coerción.
El miedo a represalias, la revictimización y la falta de mecanismos efectivos de denuncia son factores que frecuentemente impiden que las víctimas alcen la voz. Por ello, expertos subrayan la importancia de implementar protocolos claros, garantizar procesos de denuncia seguros y sancionar de manera efectiva cualquier conducta de violencia de género.
La situación en Tlaxcala pone nuevamente en el centro del debate la urgencia de erradicar la violencia sexual en espacios educativos y de fortalecer las condiciones para que las víctimas puedan denunciar sin temor.
