Por: Alberto Amaro
Luis Antonio Ramírez Hernández asegura no tener información sobre el presunto uso de recursos públicos con fines políticos, pese a que los señalamientos involucran instalaciones donde despacha la gobernadora
La respuesta del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, frente a los señalamientos sobre el presunto uso de instalaciones y recursos públicos para actividades relacionadas con la sucesión de 2027 resulta, cuando menos, cuestionable.
El encargado de la política interna de Tlaxcala aseguró que “no tengo información específica de que eso esté ocurriendo”, al ser cuestionado sobre el supuesto uso de estructuras gubernamentales con fines políticos.
La declaración llama particularmente la atención porque los señalamientos no se refieren a un lugar cualquiera, sino a Casa de Gobierno, un espacio institucional de acceso restringido donde se encuentra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al que, por razones de seguridad y operación, no ingresa cualquier persona.
Ahí es precisamente donde habrían sido ubicadas cajas con presunta propaganda relacionada con actividades políticas.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿nadie vio, nadie supo y nadie preguntó qué estaban haciendo con ese material dentro de Casa de Gobierno?
La postura del secretario resulta difícil de entender, sobre todo cuando desde la propia Secretaría de Gobierno existen áreas encargadas de mantener información y seguimiento de acontecimientos políticos y sociales en la entidad.
Es común observar a agentes de Gobernación en manifestaciones, eventos públicos, reuniones y actos políticos, recabando información sobre lo que ocurre en Tlaxcala. Sin embargo, cuando se habla de un supuesto “mapacheo” o almacenamiento de propaganda política dentro de Casa de Gobierno, aparentemente nadie sabe nada.
Y ahí es donde la explicación del funcionario genera más dudas que certezas.
Porque sería como si alguien entrara a una casa particular, utilizara una habitación para almacenar cajas y realizar determinadas actividades, y posteriormente el propietario simplemente respondiera que “no tiene información específica” sobre lo ocurrido.
Casa de Gobierno no es una plaza pública ni un espacio al que cualquier ciudadano pueda entrar libremente. Se trata de un inmueble institucional con controles de acceso y en el que se desarrollan actividades directamente relacionadas con la administración estatal.
Por ello, más allá de determinar en este momento si existió o no una irregularidad, lo mínimo que se esperaría de las autoridades sería una explicación clara: ¿quién ingresó las cajas?, ¿quién autorizó su ingreso?, ¿qué contenían?, ¿para quién eran?, ¿cuánto tiempo permanecieron ahí y quién tuvo conocimiento de ello?
Ramírez Hernández sostuvo que, si se comprueba que algún funcionario o dependencia utilizó su posición, instalaciones o recursos públicos para actividades políticas, “tomaremos medidas en el asunto”.
Pero el problema es precisamente ese: ¿quién va a investigar si desde el propio Gobierno nadie parece saber qué ocurrió?
La situación adquiere mayor relevancia de cara al proceso político rumbo a 2027, en un escenario donde distintas estructuras comienzan a moverse y donde el uso de servidores públicos, vehículos, instalaciones, personal o recursos gubernamentales para favorecer intereses políticos podría representar una situación que debe ser vigilada con especial atención.
El secretario de Gobierno también señaló que Tlaxcala deberá llegar a los tiempos electorales con un proceso limpio y apegado a derecho.
El discurso suena correcto. Lo que genera dudas es que, mientras se habla de cuidar la imparcialidad de las instituciones, no exista información concreta sobre lo ocurrido dentro de uno de los espacios más controlados del Gobierno estatal.
Porque ahora resulta que nadie sabe, nadie vio y nadie supo.
Y si efectivamente las cajas con presunta propaganda estuvieron dentro de Casa de Gobierno, la pregunta ya no debería ser únicamente si existió una operación política, sino algo mucho más elemental:
¿Quién permitió que ese material llegara hasta ahí y cómo fue posible que nadie dentro del Gobierno se diera cuenta?
La respuesta del secretario de Gobierno deja el caso abierto y, lejos de despejar las dudas, alimenta una pregunta todavía más incómoda: ¿quién controla realmente lo que ocurre dentro de Casa de Gobierno?
