México continúa siendo un territorio de alto riesgo para ejercer el periodismo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre la persistencia de asesinatos, amenazas, agresiones y presiones contra comunicadores, además de medidas legales que podrían representar obstáculos para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
En su informe sobre la situación de la libertad de prensa en México, el organismo internacional puso especial atención en el asesinato de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, ocurrido en julio en el estado de Puebla.
También documentó los homicidios de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de autoridades, así como de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto en Puebla.
Ante estos crímenes, la SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han reclamado investigaciones exhaustivas y que las autoridades no descarten anticipadamente la actividad periodística como posible móvil.
El informe menciona otros tres asesinatos de comunicadores en los que, de acuerdo con la información disponible, hasta ahora no se han identificado elementos suficientes para establecer una relación directa con su actividad profesional.
AMENAZAS, AGRESIONES Y PRESIONES PARA BORRAR INFORMACIÓN
El panorama descrito por la SIP no se limita a los homicidios.
La organización también documentó amenazas de muerte, agresiones durante coberturas periodísticas y presiones contra comunicadores para retirar o eliminar información.
Entre los episodios señalados se encuentra el ocurrido en Tamaulipas, donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes relacionadas con un presunto derrame de petróleo.
Estos hechos, sumados a las agresiones y amenazas registradas en diferentes entidades del país, reflejan que ejercer el derecho a informar continúa implicando riesgos para periodistas y medios de comunicación.
PREOCUPAN LEYES QUE PODRÍAN LIMITAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La SIP también expresó preocupación por la utilización de herramientas legales que podrían terminar empleándose contra periodistas.
Uno de los casos señalados fue la denominada “Ley Serrano”, una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que contemplaba penas de hasta seis años de prisión por el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones.
La legislación fue cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de expresión debido al riesgo de criminalizar contenidos periodísticos. La reforma derivó en procesos contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo, antes de que el Congreso estatal derogara la disposición en julio.
El organismo internacional también recogió las críticas relacionadas con los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, particularmente por el riesgo de posibles interferencias en la libertad editorial.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que dichas disposiciones constituyan mecanismos de censura.
Asimismo, el informe hizo referencia a los cuestionamientos generados por un análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital en la que aparecieron nombres de periodistas y analistas. El Ejecutivo federal negó que el propósito fuera estigmatizar a comunicadores.
IMPUNIDAD, EL GRAN PENDIENTE
Para la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los problemas centrales continúa siendo la impunidad.
La falta de esclarecimiento y sanción de las agresiones contra periodistas mantiene un escenario en el que amenazar, atacar o incluso asesinar a un comunicador puede quedar sin consecuencias.
El panorama internacional tampoco resulta favorable.
De acuerdo con la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras correspondiente a 2026, México ocupa el lugar 122 de 180 países en libertad de prensa y cae hasta la posición 160 en el indicador de seguridad.
Las cifras y casos documentados vuelven a colocar sobre la mesa una realidad que durante años han denunciado periodistas y organizaciones nacionales e internacionales: en México informar todavía puede costar amenazas, agresiones y, en los casos más graves, la vida.
