La situación política de Tlaxcala, especialmente bajo la 4T, ha despertado preocupaciones legítimas sobre el futuro de las instituciones y el verdadero compromiso con la justicia y la transparencia.
Recientemente, ha trascendido que Miguel A. Sánchez, actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sería el candidato para asumir el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en Tlaxcala, en sustitución del magistrado Fernando Bernal Salazar. De darse este movimiento se pondría de manifiesto un patrón que parece priorizar la lealtad ciega por encima de los méritos y la eficacia.
La adulación y el servilismo se han convertido en moneda corriente dentro de la 4T, donde el verdadero talento y las capacidades son relegados ante la necesidad de agradar a quienes ocupan los altos mandos.
El hecho de que un individuo como Miguel A. Sánchez, cuya trayectoria se ha caracterizado más por su debilidad al dinero y por su obediencia a la línea del poder, esté en la mira para un puesto tan crucial, es un reflejo de una lógica invertida. El sistema debería valorar a quienes han demostrado competencia y ética, no a aquellos que simplemente saben hacer alarde de lealtad.
En este contexto, si el Congreso del Estado de Tlaxcala aprueba su llegada al TSJE, demostrará que es una mera oficina de trámite del poder ejecutivo, donde la independencia y el juicio crítico parecen estar ausentes. Seamos pacientes.
