Vaya vergüenza le están haciendo pasar a la Jefa del Ejecutivo local. La mandataria tuvo que mandar al Congreso del Estado una iniciativa para abrogar la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio, que da vida al Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, para limpiar las porquerías que hicieron dos personajes que se dicen muy allegados suyos.
Se trata de la ex diputada Marcela González Castillo, quien, como titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso y líder de la bancada de Morena, hizo que dicha ley se aprobara Fast Track.
Y del ex director jurídico de la Segob, Miguel Ángel Sánchez Ramírez, quien, con tal de que fuera designado como titular del Instituto, engañó a todos haciendo creer que la ley tenía viabilidad y generaría ingresos al estado mediante los decomisos de bienes relacionados con actividades ilícitas.
Sin embargo, la verdad tarde o temprano sale a la luz, y al resolver la controversia 79/2023, presentada por la CNDH, la Suprema Corte de Justicia de la Nación detectó violaciones cometidas por el Congreso del Estado, a iniciativa del Ejecutivo estatal, que promovió la ley, por aprobar una legislación que duplicaba funciones de competencia federal.
En otras palabras, la Corte demostró que la idea de Miguel Ángel Sánchez, de contar con una ley local para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio, era en los hechos ilegal. Consecuentemente, el fallo evidenció que el servilismo de Marcela González comprometió la actuación del Poder Legislativo, que se convirtió en cómplice de un acto inconstitucional.
Por supuesto, para juntar los platos rotos, se dice que la abrogación de la ley y del instituto tiene el propósito de ‘reorientar y reorganizar recursos’ para la consolidación de la Secretaría de la Mujer, pero quienes conocen la película completa saben bien que este error tiene nombre, apellidos y ambiciones.
