La presidenta municipal de Zitlaltepec, Gudelia Palma Corona, militante del partido Fuerza por México y reconocida por su pasado priista, se encuentra en el ojo del huracán tras incumplir con la entrega de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal en curso. Esta omisión no solo representa una falta administrativa, sino que podría acarrearle consecuencias legales, incluyendo sanciones económicas y hasta prisión.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, los titulares de los entes fiscalizables deben presentar su cuenta pública trimestral dentro de los treinta días naturales posteriores al periodo correspondiente. El incumplimiento de esta obligación conlleva multas que varían según el tiempo de retraso, y en casos de omisión prolongada, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) puede iniciar procedimientos por faltas administrativas graves e incluso presentar denuncias penales ante las autoridades competentes.
La actitud de Palma Corona ha sido calificada por como una muestra de opacidad hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Su negativa a presentar la cuenta pública no solo contraviene la legislación estatal, sino que también levanta sospechas sobre el manejo de los recursos públicos en su administración.
La ciudadanía de Zitlaltepec exige respuestas y acciones concretas. La falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos rompe con la confianza depositada por los ciudadanos en sus autoridades. Es importante que el Congreso del Estado y el OFS actúen con celeridad para investigar y, en su caso, sancionar las irregularidades cometidas.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en los municipios, así como de promover una cultura de legalidad y responsabilidad en el servicio público. La omisión de la alcaldesa Palma Corona no debe quedar impune, y debe servir como ejemplo de que la ley se aplica sin distinción a todos los servidores públicos.
