Por: Alberto Amaro
Los límites entre Puebla y Tlaxcala se han convertido en zonas de alto riesgo y abandono de cadáveres. La disputa por el control territorial entre grupos criminales que operan en la capital poblana y su periferia ha generado una oleada de violencia que cruza fronteras estatales, impactando directamente la seguridad en municipios del sur de Tlaxcala como San Pablo del Monte, Tenancingo y Papalotla.
Durante los últimos meses, diversos cuerpos sin vida han sido localizados en estos municipios, en condiciones que evidencian ejecuciones ligadas a ajustes de cuentas entre cárteles del narcotráfico y bandas delictivas.
Cuerpos arrojados en Tlaxcala: la exportación del terror
El pasado 5 de junio de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado, tras el hallazgo de un hombre sin vida con impactos de bala en calles del barrio de Jesús, en San Pablo del Monte. Solo semanas antes, en mayo, otro cadáver había sido encontrado embolsado en el mismo municipio, mostrando signos de tortura.
Esta situación no es nueva: en agosto de 2024, las autoridades localizaron tres cuerpos en distintos puntos de San Pablo del Monte y Tenancingo. La Fiscalía confirmó entonces que las víctimas eran originarias de Puebla, lo cual evidenció un patrón alarmante: los criminales asesinan en territorio poblano y abandonan los cuerpos en Tlaxcala, probablemente para desviar investigaciones o enviar mensajes entre grupos rivales.
Detención de capos en Puebla: “La Marrana” y el CJNG
El incremento de violencia no es casual. El Estado de Puebla enfrenta una intensa disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos delictivos locales como “Los Sinaloas” y “Los González”.
Una muestra del poder de estos grupos fue la detención reciente de Alberto N., alias “La Marrana”, presunto jefe de plaza del CJNG en la región de Santa Rita Tlahuapan. La detención, ejecutada por la Fiscalía General de Puebla en coordinación con fuerzas federales, reveló su participación en extorsiones, cobro de piso, robo de transporte de carga y ejecuciones por encargo.
A pesar de este golpe al crimen organizado, los especialistas en seguridad advierten que el debilitamiento de una célula solo reconfigura la disputa y no detiene la violencia. Al contrario: puede intensificarla en zonas limítrofes como Tlaxcala.
La capital poblana, en llamas
Los efectos de esta disputa por la plaza son palpables en Puebla capital. En octubre de 2023, seis personas fueron ejecutadas en una sola noche en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, en lo que se presume fue un ataque orquestado por un grupo rival por el control del narcomenudeo.
En junio de 2024, una balacera cerca del colegio Camino Real, en Cholula, dejó un menor muerto y dos personas heridas. La Fiscalía poblana no descarta que se haya tratado de un ataque dirigido relacionado con la disputa criminal.
Los tiroteos, ejecuciones a plena luz del día y aparición de cuerpos desmembrados se han vuelto constantes en colonias como Bosques de San Sebastián, La Resurrección y La María, lo que ha generado un clima de miedo entre la población y ha empujado la violencia hacia municipios conurbados y colindantes, como San Pablo del Monte.
Respuesta institucional y omisiones
A pesar de los operativos de seguridad desplegados por la Guardia Nacional, Sedena y las policías estatales, los resultados han sido limitados. La colaboración entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala ha permitido establecer perfiles criminales y vínculos entre los hechos violentos de ambos estados, pero la capacidad operativa para prevenir asesinatos o detener estructuras completas aún es insuficiente.
Organizaciones civiles, colectivos ciudadanos y periodistas han advertido que Tlaxcala, históricamente considerado un estado con bajo índice de violencia, enfrenta ahora una amenaza creciente por el desbordamiento del crimen organizado desde Puebla, donde el poder de los cárteles sigue en expansión.
Conclusión: violencia sin fronteras
El caso de San Pablo del Monte es apenas un síntoma de un problema estructural más profundo. El reacomodo del crimen organizado en Puebla ha rebasado las fronteras estatales, arrastrando a Tlaxcala a una espiral de violencia. Las cifras, los cuerpos y las detenciones hablan por sí solas: el crimen no respeta límites geográficos ni políticos.
Si las autoridades no articulan una estrategia regional, con inteligencia criminal, protección a testigos y coordinación interestatal, Tlaxcala podría enfrentar en los próximos años el mismo escenario que hoy sacude a Puebla: una guerra abierta por la plaza.
