UATx al borde del colapso financiero: familia Ortiz bajo la lupa por manejo oscuro y red de encubrimientos

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) se hunde en una crisis sin precedentes. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) ha revelado un cúmulo de irregularidades financieras por más de 85 millones de pesos, registradas tan solo en el último trimestre de 2024. El informe no solo exhibe errores contables y falta de liquidez, sino que saca a flote las consecuencias de años de control absoluto por parte de un solo grupo político-familiar: los Ortiz.

Desde hace más de dos décadas, la familia Ortiz Ortiz ha ejercido un férreo dominio sobre la UATx, convirtiéndola en un bastión personal y político que ha resistido cualquier intento de democratización. Hoy, ese control está en entredicho, ante un desfalco financiero que compromete la operatividad de la institución, agrava la desconfianza social y abre la puerta a posibles responsabilidades administrativas e incluso penales.

El rector Serafín Ortiz Ortiz, actual responsable de la institución y figura central de este clan universitario, enfrenta severos señalamientos por no haber corregido errores contables detectados en al menos tres revisiones a la cuenta “Resultados de ejercicios anteriores”, donde se acumularon montos mal registrados por un total de 85 millones 996 mil 784.43 pesos. Las operaciones fueron registradas fuera de norma, violando la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones del CONAC.

Pero el problema no es solo técnico ni reciente. Es estructural. Bajo la sombra de la familia Ortiz, la universidad ha sido blanco de escándalos por encubrimiento institucional, opacidad y protección a catedráticos acusados de acoso sexual. Diversas denuncias de estudiantes han sido minimizadas o bloqueadas, generando un clima de impunidad que hoy se combina con una debacle financiera de proporciones mayúsculas.

El mismo informe del OFS señala que la administración universitaria no cuenta con liquidez suficiente para cubrir sueldos y compromisos laborales inmediatos. De los 60 millones 891 mil pesos registrados como pasivos por servicios personales, más de 54 millones son arrastrados de ejercicios anteriores, y la universidad reporta apenas 8 millones de pesos en cuentas bancarias.

Además, la UATx arrastra deudas por 45 millones de pesos con cargo al ejercicio fiscal 2024, mientras que sus recursos disponibles a diciembre apenas alcanzaban los 44.8 millones. La brecha entre lo que debe y lo que tiene no solo es alarmante: es insostenible.

La situación es aún más grave porque la Universidad no entregó completa la documentación de la Cuenta Pública, incumpliendo la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado. Faltaron formatos oficiales y firmas de los responsables financieros, lo cual obstaculiza la revisión ciudadana del uso de recursos públicos.

El estilo autoritario y cerrado con el que se ha manejado la UATx por años está pasando factura. El clan Ortiz ha tratado la universidad como suya, designando cargos clave, operando presupuestos millonarios con escasa vigilancia, y protegiendo a incondicionales, aún frente a acusaciones graves. En lugar de una universidad abierta al debate, la UATx se ha convertido en una estructura de poder, opaca, vertical y temerosa del escrutinio público.

Hoy, la comunidad universitaria estudiantes, docentes y personal administrativo se enfrenta a las consecuencias directas de esta administración. Con salarios y prestaciones en riesgo, la incertidumbre crece y la legitimidad del rectorado de Ortiz Ortiz se derrumba.

La pregunta que flota en el aire es contundente:

¿Hasta cuándo seguirá la UATx secuestrada por una familia?

¿Cuánto más costará su permanencia al frente de una institución pública que debería servir al pueblo tlaxcalteca, no a intereses personales?

Es momento de que el Congreso del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y las autoridades judiciales actúen sin titubeos. Tlaxcala no puede permitirse perder su máxima casa de estudios en el abismo de la corrupción, el encubrimiento y la impunidad. La comunidad exige verdad, justicia y una nueva etapa para la Universidad Autónoma de Tlaxcala: una sin apellidos que pesen más que la ley.

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