Por Alberto Amaro
Comerciantes del municipio de Apizaco denunciaron a este medio de comunicación que los prestamistas conocidos como “gota a gota” continúan operando con absoluta impunidad en la ciudad rielera, a pesar de que el Congreso del Estado aprobó endurecer las sanciones contra esta práctica delictiva.
De acuerdo con testimonios recabados, los usureros —algunos de ellos presuntamente extranjeros— reparten tarjetas de presentación entre locatarios y comerciantes ambulantes, ofreciendo préstamos que van desde los mil hasta los veinte mil pesos, con un interés que alcanza el 10 por ciento diario o semanal, dependiendo de la negociación.
Un ciudadano relató a este reportero que fue testigo de cómo una mujer tatuada, a bordo de una motocicleta, llegó a un puesto de tamales para cobrar el dinero prestado. El comerciante explicó que no podía pagar debido a las bajas ventas del día, situación que desató la furia de la prestamista, quien comenzó a gritarle y a amenazarlo con “levantarlo” si no entregaba, al menos, los intereses pactados.
La ley en el papel
En marzo de este año, el Congreso de Tlaxcala aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal y otras disposiciones legales para sancionar con severidad estas modalidades de cobro indebido.
Las penas establecidas van desde los 10 hasta los 15 años de prisión, además de multas que superan las 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), contra quienes practiquen métodos como el “gota a gota”.
La pena puede aumentar hasta en una mitad si el delito lo cometen servidores públicos, integrantes de empresas de seguridad privada, a través de medios electrónicos, con armas o amenazas, o bien, contra menores de edad y adultos mayores.
Asimismo, se determinó que quienes otorguen préstamos sin autorización de entidades financieras, de manera clandestina y con condiciones abusivas, podrían enfrentar hasta 7 años de cárcel. También se sancionará con 1 a 4 años de prisión y multas de 2 mil a 3 mil UMAs a quienes usen hostigamiento, intimidación o actos ilícitos para el cobro de deudas civiles o mercantiles.
La iniciativa, presentada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, surgió como respuesta al aumento de estas prácticas delictivas que afectan la economía y seguridad ciudadana.
Realidad en las calles
No obstante, en la práctica la ley parece letra muerta. Comerciantes aseguran que estos grupos operan bajo la protección de mandos policiacos municipales y estatales, a quienes presuntamente entregan cuotas periódicas para seguir cobrando de manera violenta en los mercados, calles y tianguis de Apizaco.
Los cobradores, que se desplazan en motocicletas o vehículos privados, visitan diariamente a los deudores, quienes ante la crisis económica se ven obligados a recurrir a estos préstamos rápidos, sin imaginar las condiciones abusivas y las amenazas a las que después se enfrentarán.
Mientras tanto, la impunidad y la complicidad de autoridades permiten que esta red de prestamistas se fortalezca en Tlaxcala, sin que hasta ahora se tenga noticia de operativos efectivos, detenciones o procesos judiciales que materialicen lo aprobado en el Congreso.
