La reciente agresión contra periodistas durante un acto público en Tlaxcala ha dejado en evidencia no solo la violencia ejercida desde el poder municipal, sino también la preocupante omisión de la oficina local de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, encabezada por Manuel Avila García, que hasta el momento ha guardado un silencio injustificable.
El 11 de septiembre de 2025, reporteros de distintos medios locales fueron víctimas de empujones y bloqueos físicos por parte del equipo del presidente municipal de Mazatecochco, Emilio González Cortés, luego de que intentaran obtener su postura sobre denuncias graves en su contra. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, tras la ceremonia de izamiento de bandera frente al Palacio de Gobierno de Tlaxcala, y quedaron registrados en transmisiones en vivo y en múltiples testimonios.
Las preguntas de la prensa no eran provocaciones, sino cuestionamientos legítimos sobre acusaciones de violencia política de género, presuntos actos de misoginia contra regidoras y presidentas de comunidad, así como señalamientos sobre conductas inapropiadas en el cabildo. En lugar de responder, el edil optó por huir, protegido por policías y colaboradores que recurrieron a la fuerza para impedir el trabajo periodístico.
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) reaccionó de inmediato condenando lo sucedido y denunciando el retroceso que este tipo de prácticas representan para la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado. En contraste, la oficina local encargada de velar por la seguridad de periodistas no ha emitido postura alguna.
Este silencio no solo es grave, sino cómplice: mientras el gremio periodístico exige investigación y garantías, la institución que debería respaldar a los comunicadores actúa como si nada hubiera pasado. Tal omisión envía un mensaje alarmante: en Tlaxcala, la violencia contra la prensa puede ocurrir a la vista de todos y, aun así, no generar respuesta de los organismos oficiales que tienen el deber legal y ético de actuar.
La actitud del presidente municipal de Mazatecochco tampoco contribuye a la transparencia. Su comunicado en redes sociales, presentado como “derecho de réplica”, evade las acusaciones en su contra y minimiza lo sucedido. Sus afirmaciones de “respeto a los medios” contrastan con las imágenes de empujones y jaloneos; hablar de “diálogo” mientras se bloquea a reporteros es una contradicción que erosiona aún más la credibilidad de su administración.
Frente a esta crisis, el papel de la oficina local de protección no puede reducirse a la pasividad. La omisión no solo revictimiza a los periodistas agredidos, sino que perpetúa un clima de impunidad que favorece a quienes buscan acallar la crítica pública.
La defensa de la libertad de prensa no es un acto simbólico ni una declaración de ocasión: es una obligación del Estado. Tlaxcala necesita instituciones que respondan con firmeza a las agresiones contra comunicadores, no oficinas que callen ante los abusos del poder.
