La delegada del Infonavit en Tlaxcala, Alejandra Ramírez Ortiz, vuelve a colocarse en el centro de la controversia tras nuevas denuncias de trabajadores que señalan presuntos abusos de poder, censura y uso político de la institución.
De acuerdo con fuentes internas, recientemente se habrían implementado medidas restrictivas en las reuniones de personal, entre ellas la recolección de teléfonos celulares para impedir la grabación o filtración de información sobre las actividades internas de la delegación. Estas acciones, afirman empleados inconformes, buscan evitar que trasciendan situaciones que podrían evidenciar el uso de recursos públicos con fines partidistas.
El malestar entre el personal se agudizó luego de un fallido intento de movilización para asistir al informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, evento al que supuestamente se pretendía acudir con trabajadores del instituto. Testimonios refieren que, tras ese episodio, Ramírez Ortiz habría exigido a sus subordinados identificar a quienes filtraron información a medios locales.
La exdiputada del Partido Alianza Ciudadana (PAC) no es ajena a la polémica. Además de ser señalada por su intención de impulsar una iniciativa contra la libertad de prensa, versiones públicas la vinculan con un episodio de violencia física ocurrido en instalaciones de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde habría agredido a una mujer, ex pareja sentimental de su actual esposo, Enrique Vázquez Fernández.
En tanto, dentro del Infonavit, trabajadores aseguran que el ambiente laboral se ha tornado tenso y que existe un clima de hostigamiento y temor a represalias por parte de la dirección estatal.
