Este día, en la colonia San Isidro del municipio de Apizaco, se registró un incendio en una bodega, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y elementos de seguridad pública municipal. Durante la cobertura informativa del siniestro, dos policías municipales —bajo las órdenes del Director de Seguridad Pública, el marino José Ramón Jaques Mena— intentaron impedir la labor de un periodista de este medio de comunicación, vulnerando con ello el derecho a la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.
De acuerdo con el testimonio del comunicador, los agentes municipales lo increparon argumentando que se encontraba dentro de un área “acordonada”. Sin embargo, no existía ningún acordonamiento oficial, y en el sitio permanecían vecinos y curiosos que observaban el incendio sin restricción alguna. Pese a ello, los uniformados se dirigieron de manera exclusiva al periodista, exigiéndole que se retirara e impidiendo que pudiera documentar los hechos, lo que constituye una acción selectiva y arbitraria que evidencia una intención de censurar el trabajo informativo.
Esta conducta se enmarca en una preocupante tendencia de hostigamiento policial hacia la prensa en Apizaco, donde, bajo la dirección de José Ramón Jaques Mena, se han documentado diversos intentos por limitar la cobertura periodística de asuntos de interés público.
Reflexión: La libertad de expresión, pilar de la democracia
El derecho a la libertad de expresión no es un privilegio, sino un pilar fundamental de toda sociedad democrática. El artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan la libertad de difundir información y opiniones sin censura previa. Asimismo, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio.
Cuando autoridades locales, como la policía municipal de Apizaco, actúan con abuso de poder para impedir el ejercicio del periodismo, se vulnera no solo el derecho del comunicador, sino también el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Los hechos de este 20 de octubre constituyen un acto de censura indirecta y un uso indebido de la fuerza pública para restringir el libre flujo de información.
Exigencia de rendición de cuentas y llamado a organismos de derechos humanos
Ante este nuevo intento de censura, este medio solicita la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de organizaciones internacionales como Artículo 19 y Amnistía Internacional, a fin de que investiguen el actuar de los policías municipales y la responsabilidad directa del Director José Ramón Jaques Mena.
El abuso de autoridad y la intimidación a la prensa no pueden ser tolerados en un estado de derecho. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al trabajo periodístico son condiciones indispensables para la vida democrática.
Los periodistas no son enemigos del Estado, sino aliados de la verdad y de la ciudadanía, y cualquier intento por silenciarlos constituye una amenaza a las libertades fundamentales que México ha prometido proteger.
