Una niña en riesgo vital recibió su medicamento no por gestión médica, sino por un juez federal. La justicia tuvo que intervenir para obligar al Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) a entregar un fármaco que el sistema de salud estatal fue incapaz de suministrar. El fallo otorgó 24 horas para cumplir la orden y evitar un daño irreparable.
El caso exhibe una crisis humanitaria silenciosa: menores de edad que dependen de amparos para sobrevivir mientras las autoridades estatales presumen alumbrados, obras turísticas y “cápsulas del tiempo”. Detrás del discurso oficial de modernidad, los hospitales operan con carencias tan graves que vulneran derechos humanos básicos.
“Sin el amparo, la niña estaría sin tratamiento. Es indignante que la justicia tenga que suplir la ineficiencia del Estado”, denunció la activista Hayde Noya Cortés, quien acompañó el proceso judicial. Agregó que esta resolución “no es un triunfo, sino una señal de alarma sobre el abandono institucional”.
En redes sociales, la indignación fue inmediata: “El amparo no debería ser necesario para que un niño reciba medicamento; la salud es un derecho, no un favor”, escribieron usuarios, reflejando la frustración colectiva ante el deterioro del sistema sanitario.
El Hospital Infantil no ha explicado por qué carece de los medicamentos esenciales para atender a pacientes pediátricos. Sin embargo, fuentes médicas admiten que la escasez es generalizada y que, en varios casos, los familiares deben comprar los fármacos con recursos propios o esperar semanas a que lleguen los insumos.
La resolución judicial es un recordatorio contundente: en Tlaxcala, la vida de los niños depende más de los tribunales que de las autoridades de salud.
Mientras los gobiernos presumen infraestructura y una gran feria en Tlaxala, la justicia es la única instancia que garantiza un derecho elemental: el acceso a la salud y a los medicamentos que pueden salvar vidas.
