La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) manifiesta su más enérgica condena y repudio ante los hechos ocurridos la tarde del sábado 6 de diciembre de 2025 en el bloqueo de la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de Santa Úrsula Zimatepec, donde el Coordinador de Agentes y Coordinadores Municipales de la Dirección de Gobernación del Estado, Marcos Caporal Portillo, agredió verbalmente e intentó censurar de manera arbitraria e ilegal a un periodista que cubría legítimamente la protesta ciudadana.
El funcionario, adscrito a la Secretaría de Gobierno (Segob), ordenó de forma prepotente al comunicador abandonar un espacio público, ignorando su identificación como prensa y negándose a identificarse él mismo, o a justificar su exigencia.
Este acto constituye una flagrante violación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información y a la labor periodística, derechos plenamente garantizados por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales suscritos por México.
Resulta particularmente grave que, minutos después, el propio Director de Gobernación y Desarrollo Político, Emilio Minor Molina, reconociera públicamente que “ningún servidor público tiene la facultad de dirigirse de esa manera”, lo que evidencia que el comportamiento de Caporal Portillo no sólo fue indebido, sino contrario a las instrucciones internas de la propia dependencia.
Ante tales hechos, la Unión de Periodistas de Tlaxcala EXIGE:
1. Al titular de la Secretaría de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la conducta del servidor público Marcos Caporal Portillo, y la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias o penales que correspondan, incluyendo su separación del cargo si así lo determina el procedimiento.
2- Una disculpa pública al gremio periodístico de Tlaxcala y el compromiso expreso de que ningún funcionario de su administración volverá a vulnerar la libertad de expresión ni la labor informativa.
3- A la Secretaría de Gobierno la emisión urgente de un protocolo claro y obligatorio para todos sus elementos en el que se reconozca y respete el derecho irrestricto de las y los periodistas a documentar hechos de interés público en espacios abiertos, sin intimidaciones ni obstáculos.
4- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la apertura de una queja de oficio por la probable violación a derechos humanos cometidos por el servidor público en contra del periodista afectado.
El periodismo no es un delito, es un pilar de la democracia. En Tlaxcala no toleraremos más agresiones, intentos de censura, ni actitudes hostiles disfrazadas de autoridad.
¡Basta de agresiones a la prensa!�¡Respeto irrestricto a la libertad de expresión!
Atentamente
�Martín Rodríguez Hernández
�Presidente de la UPET
