En sociedades donde los servicios públicos sostienen la seguridad, la prevención del riesgo y la respuesta a emergencias, resulta imprescindible revisar con rigor qué competencias medimos y con qué criterios las medimos. Las pruebas físicas para acceder a cuerpos como bomberos o policía suelen asumirse como un terreno inamovible, una suerte de liturgia secular en la que la fuerza bruta aparece como el indicador supremo de idoneidad. Sin embargo, esta visión no resiste ni el análisis filosófico de las capacidades ni la evaluación técnica contemporánea de los puestos. El debate no debe centrarse en quién sale favorecido o perjudicado por un tipo u otro de prueba, sino en cómo garantizar que la sociedad incorpore a las personas más aptas para las tareas reales del servicio público.
La igualdad formal —todos pasan la misma prueba— ha sido tradicionalmente confundida con un criterio de excelencia. Pero la excelencia, entendida en términos funcionales, no consiste en seleccionar cuerpos idénticos, sino en reunir equipos capaces de responder con eficacia, coordinación, precisión y resistencia a situaciones inciertas y de alta exigencia. Los estándares homogéneos basados casi exclusivamente en fuerza muscular responden a un imaginario construido en torno al cuerpo masculino promedio, no a un análisis operativo de lo que realmente se necesita en un incendio, una intervención urbana o una operación de rescate.
El problema no es moral ni identitario: es metodológico. Diseñar pruebas que midan sobre todo la variable física con mayor variabilidad sexual —la fuerza máxima— introduce un sesgo que no aporta mayor calidad al servicio. En cambio, capacidades como el equilibrio en entornos inestables, la coordinación fina, la toma de decisiones bajo estrés, la resistencia prolongada, la agilidad para maniobrar en espacios reducidos o la eficacia técnica en el manejo de herramientas tienen mayor relevancia funcional y diferencias biológicas medias mucho menores. Cuando estas habilidades quedan infravaloradas o directamente ausentes en las oposiciones, lo que se reduce no es la igualdad, sino el rendimiento potencial del cuerpo operativo.
La filosofía contemporánea de las capacidades, de Sen a Nussbaum, ya advirtió que no se trata de evaluar a las personas según atributos aislados, sino según su posibilidad real de desempeñar una función social crítica. Un diseño inteligente de las pruebas físicas debe partir de la pregunta esencial: ¿qué capacidades reales necesita la sociedad para que sus bomberos, policías o equipos de emergencia cumplan su misión con el máximo nivel de eficacia? La respuesta jamás será “fuerza absoluta sin contexto”. La respuesta real es un conjunto equilibrado de competencias físicas, cognitivas, motrices y estratégicas cuya combinación asegura intervenciones más seguras y más eficientes.
Los países que han revisado sus sistemas selectivos no lo han hecho para favorecer a un grupo, sino porque entendieron que la homogeneidad no equivale a operatividad. Equipos más diversos en capacidades mejoran la toma de decisiones, aumentan la adaptabilidad en situaciones complejas y reducen errores derivados de perfiles demasiado uniformes. La variación en pruebas físicas ajustadas al análisis funcional del puesto no baja los estándares: los redefine en términos estrictamente profesionales, centrándose en aquello que protege vidas y optimiza recursos públicos.
La cuestión, por tanto, trasciende la perspectiva de género. Es un asunto de diseño institucional, eficiencia colectiva y responsabilidad pública. Seguir reproduciendo pruebas que priorizan la fuerza bruta como eje central implica limitar el acceso de perfiles que aportarían habilidades cruciales para la seguridad de todos. Y una sociedad que se permite ese lujo no está defendiendo la igualdad formal: está renunciando a su propio interés.
Redefinir las pruebas físicas con criterios actualizados, científicos y orientados al servicio no es una concesión: es una inversión en seguridad, profesionalidad y calidad institucional. La ciudadanía no necesita oposiciones que valoren lo que históricamente se midió, sino lo que verdaderamente hace falta para protegerla. Porque la sociedad —no un colectivo determinado— es la beneficiaria última de que cada puesto esté ocupado por la persona mejor preparada para las exigencias reales del trabajo, y no para las inercias del pasado.
