El policía de la SSC actuó bajo presunto estado de ebriedad mientras patrullas observaban sin intervenir
Un nuevo episodio de violencia y abuso de poder en la comunidad de San Benito Xaltocan, municipio de Yauhquemehcan, donde un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala (SSC) protagonizó un hecho que refleja, una vez más, la vulnerabilidad de las mujeres frente a estructuras institucionales que deberían protegerlas.
El policía estatal Gustavo Antonio López López, adscrito a la delegación de Calpulalpan, en aparente estado de ebriedad, arribó a la calle Pizarra, de San Benito Xaltocan, a bordo de un vehículo Mitsubishi Eclipse negro, momento en el que intentó llevarse a una menor de 17 años con la que mantiene una relación extramarital.
Según versiones recabadas, la atracción no fue consensuada ni transparente, sino amparada en la alusión falsa de ser un mando “poderoso” dentro de la corporación policiaca. Los padres de la menor intervinieron para impedir que la joven fuera sustraída del lugar, lo que desató un altercado físico. En el forcejeo, López López golpeó al padre de la joven y a una persona con discapacidad que intentó auxiliar.
Minutos después arribaron al lugar dos familiares, también policías estatales, quienes agravaron la tensión con conductas igualmente violentas hacia los allegados de la familia afectada. Testigos denunciaron que una patrulla de la delegación Apizaco observó los hechos sin intervenir, protección silenciosa que alimenta la percepción de impunidad cada vez más frecuente entre las comunidades.
Tras retirarse del sitio, el policía enviaría al menos dos mensajes intimidatorios a los familiares de la menor, en los que amenazaba con supuestas represalias si no accedían a sus demandas. En uno de estos audios se le escucha decir, textualmente: “sólo le voy a decir algo si Miriam no está conmigo en diez minutos, usted sabrá todo lo que puedo hacer y se atendrá a las consecuencias”, y en otro se expresa con insultos misóginos contra una mujer de la familia.
Este caso —que involucra a una víctima menor de edad— no es aislado en un país donde la violencia estructural contra las mujeres continúa siendo alarmante. En México, las mujeres enfrentan múltiples formas de agresión: desde el acoso y la violencia familiar hasta feminicidios y desapariciones. Estudios oficiales han documentado que una proporción significativa de mujeres experimenta acoso sexual y violencia de género en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, muchas veces sin acceso efectivo a la justicia o protección estatal. Esta realidad es particularmente urgente en regiones con altos índices de violencia machista y deficiencias en políticas públicas efectivas.
En Tlaxcala, estas problemáticas han sido reconocidas públicamente por las autoridades locales. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha enmarcado la lucha contra la violencia hacia las mujeres como un eje de su administración, destacando la importancia de reformas jurídicas para tipificar agravantes en delitos contra mujeres, así como su adhesión a compromisos nacionales para garantizar seguridad y bienestar para este sector.
En eventos públicos, Cuéllar Cisneros ha subrayado que la erradicación de la violencia de género exige acciones integrales y trabajo conjunto entre instituciones, sociedad civil y autoridades locales. Ha enfatizado la necesidad de construir entornos seguros para niñas, adolescentes y mujeres, promoviendo políticas que buscan ampliar la protección legal, prevención y atención de casos de violencia.
A pesar de estos discursos y algunas acciones institucionales, la exigencia social es clara: las declaraciones deben traducirse en resultados tangibles. La familia afectada por los hechos en San Benito Xaltocan ha solicitado la intervención urgente del Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, para verificar el actuar de sus elementos y sancionar cualquier omisión frente a la violencia ejercida, y cuestiona la ausencia de acción por parte de la delegación de Apizaco, cuyo titular, Alfredo Texis mantuvo al policía implicado en la agresión dentro de sus instalaciones durante varios minutos sin proceder.
Este caso, además de escalar socialmente por la implicación de un menor, expone una vez más la urgencia de mecanismos efectivos y confiables para proteger a las mujeres y niñas en México y Tlaxcala, y cuestiona la eficiencia de una estructura de seguridad que, en teoría, debería ser garante de sus derechos fundamentales.
