Por: Alberto Jordan
Un grupo de 24 elementos adscritos a la Policía de Montaña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) denunció públicamente una cadena sistemática de abusos laborales, actos de corrupción, humillaciones, extorsiones internas y condiciones inhumanas de trabajo, presuntamente cometidas por quien se ostenta como comisario encargado, Juan Ríos Martell.
Los elementos, que solicitaron reserva de identidad por temor a represalias, aseguran vivir desde hace años bajo un régimen de hostigamiento permanente, amenazas de cambio arbitrario de adscripción, explotación laboral y vulneración directa a su dignidad humana.
Jornadas inhumanas y condiciones indignas
De acuerdo con los testimonios recabados, los policías cumplen una jornada de 72 horas de trabajo por 72 de descanso, esquema que califican como inhumano, impuesto —según señalan— por capricho del comisario, quien justifica la medida alegando supuestas indicaciones de CONANP y de la Dirección Operativa, sin que exista documento oficial que lo respalde.
A ello se suma la ausencia total de infraestructura básica en sus bases operativas. Durante turnos de hasta tres días continuos:
- No cuentan con baños dignos
- No tienen regaderas
- Carecen de agua caliente
- Se les impide incluso calentar agua para asearse
“Son tres días completos sin poder bañarnos. El comisario no lo permite”, relatan.
Humillaciones, insultos y amenazas constantes
Los denunciantes aseguran que, de forma cotidiana, el comisario los reúne durante los pases de lista para insultarlos, llamarlos “rateros”, “flojos” y “traidores”, responsabilizándolos de problemas personales que sostiene con sus superiores.
En múltiples ocasiones —afirman— ha expresado frases intimidatorias como:
“Cuando yo quiera, les muevo el cambio y los mando a Bancaria o al CERESO”.
El ambiente, describen, es de miedo permanente, con amenazas veladas y abiertas de represalias administrativas.
Cobros ilegales y uso indebido de recursos
Uno de los señalamientos más graves es la exigencia sistemática de dinero al personal para cubrir gastos que deberían ser institucionales:
- En mayo de 2025, cada elemento fue obligado a aportar $500 pesos, sumando $12,000, para reparar una patrulla oficial.
- Se les exigió cooperación para comprar papelería, un generador eléctrico (hoy desaparecido) y refacciones.
- Policías fueron forzados a pagar lámparas, silbatos y bastones, mismos que luego el comisario “revendía”.
- Dos policías mujeres denunciaron haber sido obligadas a pagar $2,400 pesos por la supuesta pérdida de un acumulador de una camioneta particular.
Presuntos vínculos con tala ilegal
Los testimonios describen un posible esquema de corrupción ambiental:
- Los recorridos de vigilancia se realizan solo cuando el comisario lo decide.
- Se asegura que talamontes entregan sobres con dinero en oficinas administrativas.
- Cuando hay pago, los operativos se suspenden por semanas.
- Cuando el pago se retrasa, regresan los recorridos.
- Motosierras y vehículos decomisados no siempre son puestos a disposición y presuntamente terminan en uso personal.
Además, se señala que policías son obligados a firmar puestas a disposición sin que el comisario participe en los operativos, lo que podría constituir responsabilidad penal y administrativa para los elementos.
Abandono en enfrentamientos y riesgo de muerte
En situaciones de confrontación con talamontes armados, los denunciantes afirman que el comisario:
- Huía del lugar
- Dejaba a los elementos enfrentando solos a los agresores
- Gritaba por radio pidiendo apoyo, aun sabiendo que no había señal
El riesgo se agrava por órdenes de traslado urgentes y sin planeación, lo que —según los testimonios— ya derivó en la muerte de un compañero, atribuida a las prisas infundadas del mando.
Material desaparecido y enriquecimiento inexplicable
También denuncian la desaparición de materiales de construcción donados para una base operativa: un millar de blocks y una tonelada de varilla. Dichos recursos nunca fueron utilizados y, coincidentemente, el comisario amplió su vivienda particular en Altamira.
Herramientas decomisadas (palas, picos, hachas) también desaparecieron sin que se iniciara investigación alguna.
Llamado urgente a las autoridades
Los elementos hacen un llamado público a:
- La Gobernadora del Estado
- El Secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Pera Marrufo
- La Contraloría Interna
- Asuntos Internos
- El Consejo de Honor y Justicia
Solicitan una investigación imparcial, protección contra represalias y el respeto a sus derechos humanos y laborales.
“Es triste que, siendo autoridades al servicio del Estado, seamos humillados y vulnerados de esta manera”.
