Por: Alberto Jordán
Resulta preocupante que, desde una posición de poder público, una senadora de la República recurra a la descalificación para evadir el escrutinio. Calificar de “estúpidos” a los medios y gente por el solo hecho de cuestionar no es un desliz menor: es una señal de intolerancia hacia la libertad de expresión y hacia el derecho ciudadano a estar informado.
En una democracia, el cuestionamiento no es una agresión; es una obligación. Las preguntas abiertas, incómodas o críticas hacia un político no constituyen una “campaña negra”, sino el ejercicio básico del periodismo y del pensamiento crítico. En México, país marcado por la violencia contra la libertad de expresión y por el uso del poder para silenciar voces, este tipo de expresiones de una Senadora adquieren una gravedad mayor.
La senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, ha respondido a los cuestionamientos con soberbia, victimización y ataques a los medios, en lugar de ofrecer respuestas claras y verificables. En entrevistas recientes, lejos de explicar resultados concretos a favor de las y los tlaxcaltecas, se ha limitado a enumerar logros personales y trayectorias políticas, sin traducirlos en beneficios tangibles para la población que dice representar.
La pregunta es legítima y necesaria: ¿qué ha hecho la senadora Rivera Rivera por Tlaxcala? No en el plano del discurso, sino en hechos, leyes efectivas, mejoras sociales, económicas o de seguridad. Hasta ahora, la ciudadanía observa más presencia en asambleas públicas de Morena —donde su nombre y figura ocupan el centro del escenario— que resultados palpables en favor del estado.
Aún sin cumplir su aspiración de gobernar Tlaxcala, la senadora ya muestra rasgos de prepotencia y arrogancia. Porque cuando un político tiene resultados, estos hablan por sí mismos; no necesita descalificar a quien pregunta ni refugiarse en narrativas de persecución. Las y los ciudadanos no son estúpidos: saben distinguir entre propaganda y trabajo legislativo real.
Cabe entonces ser un “Estúpido” y formular una pregunta incómoda pero necesaria, desde el ejercicio pleno de la libertad de expresión:
¿Por qué tantas asambleas públicas donde el foco de atención y la principal oradora es usted, senadora Ana Lilia Rivera Rivera?
¿Son ejercicios de rendición de cuentas o actos anticipados de promoción personal disfrazados de participación política?
El poder público no otorga inmunidad frente a las preguntas, ni mucho menos licencia para insultar. Atacar al ciudadano y al periodismo es atacar el derecho de la sociedad a saber. Y en una democracia que se respete, quien no tolera el cuestionamiento, difícilmente tolerará la crítica cuando detente un poder mayor.
La libertad de expresión no es un favor que concede el Estado ni sus representantes; es un derecho que se ejerce, incluso —y sobre todo— cuando incomoda al poder.
