A más de un año de la demolición del puente ejidal en 2025, la prometida modernización de esta vía continúa sin concretarse, dejando a habitantes y usuarios en una situación de vulnerabilidad, incertidumbre y creciente molestia.
El proyecto, que inicialmente fue presentado por autoridades como una obra de rápida ejecución para mejorar la conectividad hacia Panotla, hoy permanece inconcluso y completamente cerrado al tránsito vehicular. Lejos de representar progreso, el sitio se ha convertido en un punto crítico por la falta de avances visibles y, sobre todo, por la ausencia total de alumbrado público.
Al caer la noche, la zona queda en penumbras, lo que ha encendido alertas entre vecinos que denuncian un ambiente propicio para la inseguridad. La obra abandonada no solo refleja rezago en infraestructura, sino también una preocupante omisión en medidas básicas de seguridad para la población.
Ante la falta de una alternativa funcional, peatones y motociclistas han tenido que improvisar rutas. Un pequeño puente peatonal, ubicado a un costado, ha sido rebasado en su capacidad y diseño, ya que ahora soporta un flujo constante de motocicletas que lo atraviesan diariamente. Esta situación incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en horarios de alta movilidad.
Habitantes de la comunidad señalan que no han recibido información clara sobre los motivos del retraso ni una fecha concreta de entrega. La opacidad en torno a la obra ha generado desconfianza hacia las autoridades responsables, quienes hasta el momento no han emitido explicaciones contundentes ni han implementado soluciones provisionales eficaces.
“Nos prometieron un puente nuevo y seguro, pero lo que tenemos es una obra abandonada y peligrosa”, comentó un vecino afectado, quien además destacó el riesgo que enfrentan estudiantes y trabajadores que transitan por la zona diariamente.
Este caso pone en evidencia una problemática recurrente en proyectos de infraestructura: la falta de planeación, supervisión y rendición de cuentas. Mientras tanto, la ciudadanía continúa pagando las consecuencias de una obra que, lejos de mejorar su calidad de vida, ha complicado su movilidad y seguridad.
La exigencia es clara: transparencia, avances reales y, sobre todo, responsabilidad institucional para concluir una obra que resulta indispensable para la comunidad.
