El alarmante incremento de desapariciones en México podría alcanzar la categoría de crimen de lesa humanidad, advirtió el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que ha solicitado a Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevar el caso ante la Asamblea General para evaluar medidas urgentes de intervención y apoyo internacional.
“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se cometan a escala nacional ni que sean orquestados desde las más altas esferas del poder; lo relevante es su magnitud, el patrón de los ataques y que estén dirigidos contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
En su pronunciamiento, el Comité subrayó la gravedad de la crisis en México, evidenciada por el hallazgo constante de fosas clandestinas. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el organismo, se han localizado más de 6 mil 200 cuerpos y 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar.
Pese a las medidas adoptadas tras la visita del Comité al país en 2021, los expertos concluyeron que “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”. Señalaron además que las autoridades continúan rebasadas por la magnitud del problema, lo que hace urgente la implementación de reformas estructurales para prevenir, investigar y erradicar las desapariciones.
México concentra actualmente el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. Según datos difundidos por la organización I(dh)eas, el país acumula 819 solicitudes entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38% del total global. Tan solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 40 nuevos casos, más de un tercio del total mundial en ese periodo.
El Comité indicó que muchas desapariciones ocurren en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, aunque no existen elementos concluyentes de una política federal sistemática para cometerlas. Sin embargo, advirtió que diversas investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos o, al menos, a su aquiescencia o colaboración con grupos delictivos.
La petición formal ya fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, quien deberá remitirla a la Asamblea General para su análisis. Entre las medidas que podrían adoptarse se contemplan asistencia técnica, apoyo financiero y cooperación especializada en labores de búsqueda, análisis forense e investigación de redes criminales y posibles vínculos con autoridades.
En paralelo, Amnistía Internacional ha reiterado en su más reciente informe que la crisis de desapariciones en México es “generalizada y persistente”, con más de 110 mil personas desaparecidas registradas oficialmente. La organización advirtió que la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos y denunció graves deficiencias en las investigaciones, así como la falta de coordinación efectiva entre instituciones.
Amnistía también ha señalado que las familias de las víctimas continúan desempeñando un papel central en la búsqueda de sus seres queridos, muchas veces enfrentando riesgos, amenazas y la ausencia de apoyo estatal suficiente.
La posible clasificación de estas desapariciones como crímenes de lesa humanidad marcaría un punto de inflexión en la atención internacional sobre México, abriendo la puerta a mecanismos más robustos de supervisión y cooperación global.
