La versión emitida por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Apizaco respecto a los hechos ocurridos durante los festejos de aficionados en la zona conocida como “La Maquinita” ha generado cuestionamientos debido a presuntas omisiones y contradicciones sobre el actuar policial.
En un boletín oficial, la corporación aseguró que sus elementos actuaron conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y negó haber utilizado gas lacrimógeno, aclarando que el agente empleado fue gas pimienta con el objetivo de liberar el paso de una patrulla que, según la autoridad, estaba siendo obstruida y balanceada por un grupo de personas con intención de volcarla.
Sin embargo, testimonios de asistentes y videos difundidos en redes sociales muestran un contexto distinto al planteado por la autoridad municipal. Durante los festejos, la circulación vehicular en la zona ya se encontraba completamente detenida debido a la concentración masiva de aficionados, situación que no afectaba únicamente a la unidad oficial.
De acuerdo con imágenes compartidas por ciudadanos, varios vehículos particulares también eran movidos de un lado a otro por los asistentes como parte de los festejos, por lo que la patrulla no habría sido el único vehículo involucrado en esta dinámica.
Otro de los puntos que ha generado críticas es la forma en que se utilizó el gas pimienta. Aunque el gobierno municipal intentó diferenciarlo del gas lacrimógeno, especialistas en derechos humanos señalan que ambos son agentes irritantes cuyo uso debe regirse por criterios estrictos de proporcionalidad y protección a terceros.
Testigos refieren que el agente químico fue lanzado a varios metros de distancia, alcanzando zonas donde se encontraban mujeres, menores de edad y personas que no participaban en los hechos relacionados con la patrulla. Esta situación no fue mencionada en el comunicado oficial.
Organismos defensores de derechos humanos han señalado reiteradamente que las autoridades tienen la obligación de transparentar de manera completa los hechos ocurridos durante operativos de seguridad, particularmente cuando existe uso de la fuerza pública.
El derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y completa constituye un principio fundamental en una sociedad democrática. Minimizar hechos, omitir afectaciones a civiles o construir versiones parciales desde el poder público puede debilitar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Apizaco no ha informado si se inició alguna investigación interna para determinar si el uso del gas pimienta cumplió con los principios de necesidad, proporcionalidad y responsabilidad establecidos en la legislación nacional y en estándares internacionales de derechos humanos.