Antonio HERNÁNDEZ (06/18/2019-10:20)
El Artículo 21 constitucional contempla que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades y los municipios, y comprende tareas como la prevención del delito, entre otras.
En México, esta función también se encargará de establecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que creará, como mínimo, políticas públicas que busquen evitar los delitos, así como la participación activa de la sociedad.
Para llevar a cabo esa compleja tarea, la Federación otorgó a las entidades casi 10 mil millones de pesos (mdp) de 2013 a 2016. Sin embargo, durante 2017 no se invirtió ningún centavo y apenas en 2018 se han presupuestado 300 mmdp para el Programa Nacional de Prevención del Delito, el cual entrega un subsidio a los estados para desarrollar y aplicar políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y tratar la violencia y delincuencia.
Lamentablemente, los resultados no han sido los esperados. Por el contrario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró el indebido manejo de los recursos y la falta de adecuados indicadores de medición de metas y resultados. Además, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública(Envipe), las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) muestran año con año el continuo incremento en la incidencia delictiva asociado al aumento en el número de víctimas, la falta de confianza en las autoridades y la reincidencia en la comisión de delitos.
Esta evidencia nos muestra, por un lado, el fracaso de las políticas públicas aplicadas en la materia, y por el otro, la realidad que los ciudadanos tienen que vivir: miedo e incertidumbre de regresar a casa comprometiendo su integridad física y patrimonial, así como lidiar con autoridades que aún criminalizan y victimizan por estereotipos y por razones de edad, género, condición económica o social.
Debido a casos como el anterior, Lawrence W. Sherman, un connotado criminólogo, profesor de la Universidad de Cambridge, y experto en temas de seguridad pública, ha establecido 10 principios sobre la prevención del delito a partir de la evidencia:
- El delito debe medirse en forma precisa y confiable mediante sistemas auditados exhaustivamente Aprovechar la tecnología para recopilar y registrar los pormenores de todos los crímenes y delitos denunciados, con el objeto de mejorar el análisis.
- El delito debe clasificarsede una manera que resulte útil para la prevención. Utilizar mecanismos de recopilación de información por episodios que auxilien a adaptarse a los cambios en los patrones de la criminalidad, y que reorganicen la forma en que se miden los delitos en función de sus necesidades operativas. ( Compare Statistics).
- El delito debe analizarse en diversas unidades o categorías.Víctimas, delincuentes, redes criminales, zonas calientes, comunidades, clima, horarios, y días de la semana, entre otras. Con esto se podrían identificar casos de delincuencia organizada, etcétera.
- Deben establecerse prioridades de prevención entre los tipos de unidades, según el grado de daño ocasionado por las distintas clases de delitos.Realizar un índice sobre el daño causado por la comisión de delitos, es decir, calcular el daño ocasionado por la cantidad de delitos de ese tipo (robo, extorsiones, etcétera). Esto ayudará a calcular si la actividad delictiva ha ocasionado más daño en un año que el anterior, en una determinada comunidad, en un grupo de personas o incluso en personas que hayan enfrentado la cárcel, como es el caso de los exprisioneros. Además de generar información relevante para la aplicación de estrategias de solución que impacten a futuro.
- Una minoría fuerte (delincuentes, víctimas, lugares, fechas, etcétera), o una pequeña proporción de todas las unidades de conducta criminal, ocasiona la mayor parte del daño en casi todos los delitos. Enfocarse en las minorías fuertes puede aportar beneficios. Al reducir la violencia en los núcleos criminógenos, la comunidad resultará beneficiada, incluso aunque no se tomen en cuenta las zonas periféricas con mayor criminalidad.
- La eficiencia de la prevención del delito puede ser mayor cuando los recursos se concentran en las unidades de minorías fuertes identificadas mediante pronósticos formulados a partir de su comportamiento anterior. Reducir el daño por delitos en la misma proporción en todas las unidades al mismo costo, es en las unidades con mayor nivel de criminalidad donde se puede obtener un mayor rendimiento de la inversión en reducción de daños.
- La mejor forma de determinar la eficacia de la prevención del delito es mediante pruebas de campo que comparen las tasas de criminalidad entre personas, zonas u otras unidades de análisis bajo distintos programas. La eficiencia solo es posible cuando los resultados son eficaces. Evaluar con pruebas de campo proporciona mayores elementos para prevenir el delito desde una óptica integral.
- La teoría de prevención del delito debe especificar una secuencia lógica para generar productos que disminuyan los delitos o injusticia, al explicar cómo y por qué se espera que la práctica prevenga el delito. Lo que se efectúe debe realizarse de manera cuantificable, es decir, generar una medición de lo que le sirva al operador y los resultados que se esperan a partir de la aplicación de esas políticas públicas de mejora continua.
- La ética de una práctica de prevención del delito no depende de su éxito en reducir el delito, sino de que se respeten los derechos humanos y se mantenga un equilibrio proporcional entre los daños causados por coacción y los daños causados por delitos. En algunos casos se considera aceptable violar derechos humanos a costa de mejorar la seguridad pública, sin embargo, estas prácticas no deben ser aceptadas por más eficaces que sean.
- Las mejores pruebas para desarrollar y mejorar prácticas de prevención del delito a nivel local deben proceder tanto de evaluaciones de impacto internacional como de análisis criminológicos locales de todo tipo, que incluyan evaluaciones de iniciativas usadas en el pasado y pronósticos sobre los patrones de criminalidad futuros. Efectuar un análisis integral y sistemático del fenómeno criminógeno de manera regional o local con el objetivo de encontrar la evidencia necesaria para efectuar las recomendaciones de prevención del delito.
Estos principios son un parteaguas ante problemas de largo plazo que enfrenta el país: disminuir los índices delictivos y lograr la reconciliación social. Desafortunadamente, nuestros políticos no han tenido la sensibilidad, el conocimiento o la información para mitigar este fenómeno. Generalmente el esfuerzo se ha enfocado en el impacto en la opinión pública a corto plazo con la implementación de políticas reactivas de mitigación de la criminalidad que en su mayoría no han resuelto nada. Por el contrario, han reforzado el malestar social, impunidad e inseguridad.
Contar con más policías, mejor pagados, con infraestructura adecuada, y con condiciones laborales dignas, es el primer paso, pero hoy, más allá de pensar en cortar manos, en presupuestos, en otorgar amnistías, o en la creación de nuevas leyes, dependencias o instituciones, México necesita contar con una ruta metodológica exhaustiva, con evidencia, de largo alcance, transparente y entendible para lograr el éxito en el cumplimiento de los ejes civilizatorios y de reconciliación social.
