Ambos están relacionados en la privación de la libertad de varias personas en Tlaxcala, por lo que fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso).
Resultado del seguimiento a la detención coordinada entre dependencias estatales y federales el pasado 15 de Mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la Unidad de Investigación del Delitos de Alto Impacto (UIDAI), trasladó a Ricardo N., a territorio tlaxcalteca luego de ser capturado en el estado de Puebla; además, se concretó el aseguramiento de José Ángel N., ambos presuntamente lideraban una banda de secuestro en la entidad.
De acuerdo a la información recabada por la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Secuestro (FECDS) adscrita a la UIDAI, y que obra dentro de la Carpeta de Investigación respectiva, se determinó que los imputados participaron en secuestros perpetrados en Apizaco, Tlaxco y Xaltocan.
De esta manera Ricardo N., capturado la mañana del pasado viernes 15 de mayo en un operativo conjunto con elementos de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) en Coronago, quedó a disposición de las autoridades poblanas por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Sin embargo, luego de cumplir con el término constitucional, la Policía de Investigación de Tlaxcala le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado, por lo que fue remitido a territorio tlaxcalteca y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.
Asimismo y en seguimiento a esta acción, se localizó y aprehendió por secuestro agravado a José Ángel N., expolicía ministerial en el estado de Tamaulipas, y quien está relacionado en los mismos hechos que Ricardo N.
Ambos quedaron a disposición del Juez de Control y fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso).
Con estas acciones la Procuraduría de Tlaxcala refrenda el compromiso con la ciudadanía de investigar las conductas delictivas y sancionar a quien o quienes atenten contra la seguridad de las familias, garantizando así el cumplimiento irrestricto de la ley con una procuración de justicia eficaz.
